Las cuentas bancarias de Ricardo Antonio Vega Serrador, propietario de las tiendasGo Mart y las gasolineras Corpogas, fueron bloqueadas por presuntamente lavar dinero a una banda de rumanos dedicada al robo de dinero en cajeros automáticos en Quintana Roo.
En la lista de personas bloqueadas entregada a los bancos en México figura una veintena de personas radicadas en Quintana Roo, así como el empresario Ricardo Antonio Vega Serrador y su Francisco Evadio Garibay Osorio, ex director del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE) en el gobierno de Félix González Canto, según un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Ricardo Antonio Vega Serrador es propietario de unas 203 empresas en la Ciudad de México, Quintana Roo, Morelos, así como propietario de una de las colecciones de Ferraris más importantes del mundo.
El empresario es dueño de marcas como Natural Go, Ricky´s Chichen, Go Freeze, Puerta de Castilla, Casa de Castilla, Green Gas, Comer Gas, Intergas, V-Gas, Grupo Castellano, La Cava, Los Pibiles By Go Mart, Go Go Huates, Chipapitas, de acuerdo con un información consultada por Forbes México.
Ricardo Antonio Vega Serrador es socio de Emilio Loret de Mora Gomory, José Antonio Loret de Mora y Emilio Alberto Loret de Mola y Diaz en Servicio Capote, Servicios Zaino es una empresa dedicada a la comercialización de gasolinas y diésel suministrado por Petróleos Mexicanos.
El organismo a cargo de Santiago Nieto Castillo pidió a los bancos identificar a clientes o usuarios que se encuentren en la lista de personas bloqueadas para que le suspendan de forma inmediata la realización de cualquier acto, operación o servicio financiero.
A los políticos y empresarios radicados en Quintana Roo señalados en la lista de personas bloqueadas de la UIF se les imposibilita abrir nuevas cuentas, así como cancelar las vigentes y les impiden la disposición de recursos financieros de sus cuentas bancarias.
El socio de Ricardo Antonio Vega Serrador
La UIF incluyó a Iván Eliud Garibay Pulido, ex director jurídico del gobierno del estado en la Zona Norte durante el gobierno de Roberto Borge e hijo de Francisco Evadio Garibay Osorio.
El 25 de junio de 2002, Ricardo Antonio Vega Serrador y Francisco Evadio Garibay Osorio fundaron Servicio Caimanes, una empresa dedicada a la construcción de fraccionamientos, venta de lotes y urbanización de terrenos en Quintana Roo.
También le fueron congelados los fondos financieros de la Inmobiliaria Crisantemos, una empresa creada el 26 de junio de 2003 por Ricardo Antonio Vega Serrador, quien vendió su participación accionario a Francisco Evadio Garibay Osorio el 4 de octubre de 2010. Francisco Evodio Garibay Osorio e Iván Eliud Garibay Pulido se convirtieron en aquella fecha en dueños de la Inmobiliaria Crisantemos.
En ese mismo año, Ricardo Antonio Vega Serrador y Francisco Evodio Garibay Osorio crearon la Inmobiliaria Monosabio, Inmobiliaria Gladiolas e Inmobiliaria Albatro, las cuales construyen fraccionamientos en Quintana Roo.
En 2015, Francisco Evadio Garibay Osorio vendió un inmueble a Adrian Ninel Enachescu, el cuñado rumano de Florian Tudor, quien es líder de una banda dedicada al robo de dinero de los cajeros automáticos en Quintana Roo y otras partes del mundo.
La asociación civil “Somos tus ojos” denunció el 14 de septiembre de 2017 ante la entonces Procuraduría General de la República que el ex gobernador González Canto, había rematado 165 predios que eran patrimonio del Estado a favor de empresarios y funcionarios de su gobierno, y entre los beneficiados estaba Francisco Evadio Garibay Orozco.
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Según la denuncia, Garibay Osorio era socio de Mayazama, una inmobiliaria a la que González Canto cedió 352 hectáreas en Tulum a un precio de ganga de 15 pesos el metro cuadrado para realizar un lujoso desarrollo turístico. El precio promedio del metro cuadrado en esa zona era de 6 mil pesos, es decir, el Gobierno vendió el terreno 400 veces más barato.
El Buró de Investigación Federal de Estados Unidos (FBI) y la Dirección en Combate al Crimen Organizado (DCCO) de la Policía Federal de Rumania habían invitado a funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) a reunirse en Bucarest del 13 al 18 de mayo de 2019, para coordinar una investigación multinacional en torno a las actividades ilícitas de Florian Tudor, en particular la clonación de tarjetas.
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La UIF solicitó a los bancos bloquear las cuentas bancarias a Adrián Nicolae Cosmin, un empresario rumano, quien junto con Florian Tudor negaron ser parte de una red criminal que clona tarjetas bancarias en Quintana Roo y roba dinero de los cajeros automáticos.
La entidad a cargo de Santiago Nieto solicitó impedir que Eddy Pérez Escobar, abogado de los rumanos y la Corporativo de Asistencia en Salud Gama, no pueda acceder a sus ahorros bancarios. Lo mismo pidieron para Sergio Cabrera Ramón Ruiz, uno de los escoltas asignados a la protección de Florian Tudor.
Otros que aparecen en la lista de personas bloqueadas son el notario Naín Díaz Medina, José Luis Jonathan Yong Mendoza, ex secretario de seguridad pública de Cancún; su padre, José Luis Yong Cruz; Leticia Rodríguez Lara Doña Lety, líder de una célula criminal en la entidad, así como José Alberto Gómez Álvarez, promotor de boxeo y presidente del Grupo Quequi.
A José de la Peña Ruíz de Chávez, ex secretario estatal del Partido Verde Ecologista de México en Quintana Roo, también se le impidió usar su dinero de sus cuentas bancarias por una decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera.
La UIF pidió bloquear las cuentas bancarias a Jonathan Medina Nava, agente de Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, así como a Héctor Ortiz Solares, alias H-1 o Bandido Boss, líder del grupo delictivo Bandidos Revolutions Team dedicado a hackear instituciones bancarias.
Las cuentas bancarias de Leticia Rodríguez Lara, Alejandro Enríquez Arcos Romero, Israel López Salazar, Luis Miguel Zetina Barragán y Clementino Nicolás Paz González quedaron inactivas hasta que regularicen su situación con la UIF.
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