Otra de las medidas recomendadas es legislar para que empresas puedan adelantar utilidades como forma de bono de productividad a sus empleados.
La organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza consideró que los programas sociales para combatir la precariedad en nuestro país no enfrentan las causas de esta problemática social que evidenció el último reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En México, el número de personas en situación de pobreza pasó de 51.9 a 55.7 millones entre el 2018 al 2020, es decir 43.9% del total de la población se encuentra bajo esta perspectiva, revelaron estimaciones del Coneval.
La organización informó que dicho incremento y la magnitud de la problemática social en nuestro país radica en el sistema laboral y la insuficiencia del sistema de salud no solo dejan sin derecho al trabajo y a la salud a millones de mexicanos, sino que reproducen la pobreza al pagar bajos salarios y negar la afiliación a la seguridad social.
“Es ahí donde están los más grandes indicadores de la pobreza: bajo ingreso laboral y falta de seguridad social. Ya es hora de dejar de darle vueltas al asunto y agarrar al toro por los cuernos e ir a la raíz de la pobreza”, dijo Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Además aseguró que el remedio no son los programas sociales que ha otorgado el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ya que apenas atenúan la pobreza, pero no enfrentan las causas.
Ante ello, el colectivo recomendó llevar a cabo un plan para que se otorgue a la población trabajo digno, con derechos laborales y remuneración suficiente más un sistema de protección social universal, desvinculado de las prestaciones laborales, que debe iniciar con la cobertura universal en salud.
Dentro de este plan se dio a conocer 10 medidas inmediatas, entre las que destacan aprobar un plan multianual para la recuperación gradual del salario mínimo para que cubra el monto necesario para adquirir dos canastas básicas del área urbana, a más tardar en al término de la actual administración, cuyo monto sería, a precios actuales, de 7,500 pesos.
Así como legislar o reglamentar la posibilidad de un reparto de utilidades adelantado que funcione como “bono de productividad”. Esto permite que las empresas compensen a las y los trabajadores en momentos de mejora de ventas.
Y “acelerar la implementación de la reforma laboral, en especial, el funcionamiento del nuevo sistema de justicia laboral”, detalló la ONG.
El Economista