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Al menos 42 altos funcionarios del Poder Ejecutivo ganaron en 2019 más que el presidente de la República.
Catorce de ellos ganaron más que el salario establecido para el presidente en el Presupuesto de Egresos de la Federación: 1 663 050 pesos.1
Los veintiocho restantes ganaron más de lo que el presidente declaró haber cobrado ese año: 1 567 640 pesos.
Los catorce primeros violaron lo establecido por la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP). Esa ley dice que “[n]ingún servidor público (. . .) recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.
Los veintiocho funcionarios restantes no violan la ley a la letra, pero burlan su espíritu, pues, en los hechos, ganaron más que el presidente.
La información que se despliega aquí proviene de la revisión de 127 declaraciones patrimoniales de altos funcionarios sobre lo que percibieron como remuneración por su trabajo en el gobierno federal durante el 2019 y que puede consultarse en la página de Declaranet.2
Entre los funcionarios cuya remuneración rebasa lo establecido por la ley hay dos secretarios de Estado, siete subsecretarios y otros cinco funcionarios de alto nivel del gobierno federal.
Por orden decreciente de sobrerremuneración la lista de esos funcionarios es como sigue:
1. Leopoldo Vicente Melchi García, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), quien durante 2019 percibió por su empleo en el gobierno 3 977 557 pesos, 139.2 % más que lo que la ley establece para el presidente de la República.
2. Rocío Nahle García, secretaria de Energía, cobró 2 302 466 pesos, 38.4 % más que lo establecido en la ley.
3. María Eugenia Navarrete, presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, percibió 2 266 487 pesos, 36.3 % más.
4. María Elena Álvarez Buylla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología: 2 263 603 pesos, 36.1 % más.
5. Francisco Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación: 2 257 824 pesos, 35.8 % más.
6. Carlos Morán Moguel, subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: 2 238 792 pesos, 34.6 % más.
7. Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad: 2 209 550 pesos, 32.9 % más.
8. Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional: 2 003 611 pesos, 20.5 % más.
9. Miguel Ángel Maciel, subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía: 1 823 849 pesos, 9.7 % más.
10. Jorge Luis Taddéi Bringas, superdelegado de la Secretaría de Bienestar en Sonora: 1 804 734 pesos, 8.5 % más.
11. Luz María de la Mora Sánchez, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía: 1 739 610 pesos, 4.6 % más.
12. Alberto Montoya Martín del Campo, subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía: 1 723 355 pesos, 3.6 % más.
13. Javier May Rodríguez, subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar: 1 690 370 pesos, 1.6 % más.
14. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación: 1 682 653 pesos, 1.2 % más.
La Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos prevé sanciones severas para quienes la incumplen. Su artículo 17 establece que quienes hayan ganado menos de 100 UMA más que el presidente (UMA: Unidad de Medida y Actualización usada para fijar montos en las leyes mexicanas; equivalente a 84.49 pesos en 2019) podrán ser exculpados si devuelven el monto por el cual se excedieron.
Pero quienes se hayan excedido por entre 100 y 1000 UMA, esto es, entre 8500 y 85 000 pesos, deberán ser sancionados con devolución de lo cobrado, destitución del cargo e inhabilitación de entre seis meses y cuatro años para desempeñar otro empleo público.
Y quienes se hayan excedido por más de 1000 UMA, más de 85 000 pesos, deberán ser sancionados con devolución de lo percibido, destitución del cargo e inhabilitación de entre cuatro y catorce años.
No serán sancionados los funcionarios, dice la ley, si reportan la irregularidad dentro de los siguientes treinta días y devuelven el monto cobrado en exceso.
Si no han hecho esto, de acuerdo con el artículo 17:
1) Deberían ser destituidos e inhabilitados entre cuatro y catorce años los diez primeros funcionarios mencionados en la lista anterior: el presidente de la CRE, la secretaria de Energía, la presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje, la directora del Conacyt, el subsecretario de Educación Superior, el subsecretario de Transporte, el director de la Comisión Federal de Electricidad, el secretario de la Defensa Nacional, el subsecretario de Hidrocarburos y el superdelegado de Sonora.
2) Deberían ser también destituidos e inhabilitados por entre seis meses y cuatro años los cuatro últimos de la lista: la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía; la subsecretaria de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía; el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar; y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
Con apoyo en la Ley de Remuneraciones Públicas, algunos de los funcionarios mencionados aquí han tomado severas decisiones de austeridad.
María Elena Álvarez Buylla, directora del Conacyt, afirmó en mayo de 2019 que “el proyecto de ciencia y tecnología de la Cuarta Transformación hará más eficiente y menos costoso el aparato burocrático del Conacyt”. El proyecto, añadió, estaría regido “bajo los principios de austeridad republicana y eficiencia presupuestal”. El Conacyt justificó con la ley de remuneraciones recortes de entre el 30 % y 50 % a los salarios de sus empleados. En 2019, Álvarez Buylla declaró haber percibido 36.1 % más de lo permitido por la misma ley que invocó para llevar la austeridad al Conacyt.
A partir de julio de 2019, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejó de pagar horas extras a sus empleados para “ser congruentes con la política salarial en el contexto de las medidas de austeridad y dar sustentabilidad a la permanencia de la plantilla activa”. En diciembre de ese mismo año, el presidente sostuvo que “se está mejorando mucho la administración con el componente de la honestidad, de la eficiencia, de la austeridad, por eso va a consolidarse, se va a fortalecer esta empresa que es fundamental para el desarrollo de México”. Sin embargo, para el año 2019, el director de la CFE, Manuel Bartlett, declaró una remuneración 32.9 % superior a la legislada para el presidente.
Un conjunto aparte es el de los veintiocho altos funcionarios que no violaron la ley, pero que declararon haber obtenido una remuneración mayor a la declarada por el presidente, aunque menor a la establecida por la ley. La ley de remuneraciones no contempla sanción alguna en caso de que la remuneración percibida por el servidor público sea menor a la remuneración aprobada pero mayor a la remuneración declarada por el presidente de la República. Sin embargo, resulta curioso que trece miembros del gabinete presidencial y de su gabinete ampliado, ocho subsecretarios de Estado y siete titulares de alto nivel del gobierno hayan ganado más que el máximo mandatario.
Conforme a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, corresponde a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar este tipo de casos e iniciar los procedimientos para que se sancionen. Si las autoridades confirman que los catorce funcionarios listados ganaron más que la remuneración aprobada para el presidente en el PEF 2019, todos deberían ser destituidos e inhabilitados para ocupar otro cargo público.
Las medidas de austeridad republicana del nuevo gobierno, cuya efectividad ha sido cuestionada en estas mismas páginas (“La austeridad y la podadora”, septiembre de 2018), han afectado las remuneraciones de, por lo menos, 113 000 empleados del gobierno federal, de acuerdo a la propia Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, como hemos mostrado, algunos de los funcionarios más cercanos al presidente López Obrador no han acatado las nuevas leyes. Para demostrar que nadie está por encima de la ley y que, como dijo el presidente, las escaleras se barren de arriba hacia abajo, la SFP debería investigar estos casos y sancionar, sin excepciones, a quienes resulten responsables.
Miguel Alfonso Meza y Gerardo Carrasco
Integrantes del Despacho de Investigación y Litigio Estratégico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
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