«Al venir a esta Corte yo pensaba que era la panacea universal de la Justicia, nunca me imaginé que los poderes políticos pudieran ponernos estas sanciones».
La magistrada peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza es desde hace ocho años jueza de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. Este tribunal fue creado en 1998 por el llamado Estatuto de Roma para juzgar a individuos por los crímenes más graves: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión.
El gobierno estadounidense sancionó este año a Ibáñez Carranza, a otros cinco jueces y a tres fiscales de la CPI, incluyendo el fiscal principal Karim Khan.
Algunas sanciones se anunciaron tras las órdenes de arresto emitidas por la Corte contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant.
EE.UU. dijo al anunciar estas sanciones que ha sido claro en su «oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio por nuestra soberanía nacional y la extralimitación judicial ilegítima de la CPI».
«La Corte constituye una amenaza para la seguridad nacional y ha servido como instrumento de guerra jurídica contra Estados Unidos y nuestro estrecho aliado, Israel», agregó un comunicado del Departamento de Estado en Washington.
En el caso de Ibáñez Carranza, este Departamento sólo explicó que era sancionada por «autorizar la investigación de la CPI contra personal estadounidense en Afganistán».
Las Naciones Unidas condenaron las sanciones contra la CPI como «un ataque contra el Estado de derecho». La relatora de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, dijo a BBC Mundo:
«Imagina irte a dormir un día como un juez o jueza internacional de gran prestigio que preside algunos de los casos más importantes del mundo, y despertar a la mañana siguiente con el bloqueo de tu cuenta bancaria, la incautación de tus bienes en EE.UU., el cierre de tu cuenta de correo electrónico e incluso la cancelación de artículos que compraste en línea».
«Esto es devastador y el mensaje es claro: Estados Unidos busca influir directamente a los jueces y fiscales en su trabajo tratándolos de la misma manera que trata a presuntos terroristas o líderes de cárteles», añadió Satterthwaite.
La magistrada peruana llegó a la Corte Penal Internacional tras más de tres décadas de experiencia como fiscal en su país natal. Entre muchos otros casos prominentes, fue la fiscal del caso contra Abimael Guzmán, el exlíder de Sendero Luminoso condenado a cadena perpetua en 2005.
La jueza dijo a BBC Mundo que las sanciones impuestas por Estados Unidos afectan su vida diaria. Pero aseguró que nada le impedirá seguir adelante con su misión.
«A mí me pueden hacer lo que quieran. Pero frente a unos hechos y una evidencia, lo único que yo puedo aplicar es el derecho y mi conciencia», afirmó.
BBC News Mundo