En enero de 2021, el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presumió el descenso en la incidencia de 16 de 18 delitos de alto impacto en el marco de la pandemia, entre ellos robos en transporte público, secuestros y robo de vehículos.
La cifra total de delitos registrados en el país alcanzó en 2020 1 millón 841 mil 171, 11% menos que el total de 2019.
Sin embargo, de la lista de 18 considerados, los dos en que no hubo una baja en el número de víctimas fueron dos crímenes que pesan sobre las mujeres: el feminicidio y la violencia familiar.
Entre 2019 y 2020, la incidencia del delito de feminicidio en el país tuvo una ligera baja en 4 casos pero con una víctima más que en 2019, es decir, prácticamente sin cambios para totalizar 939 reportes durante el año pasado.
“Tenemos otras problemáticas complejas como el crimen organizado o la delincuencia común y la violencia en el espacio comunitario, entonces estas dinámicas delictivas desde los hogares o desde el contexto criminal como el que vive nuestro país, me parece, esto es una opinión un poco personal, esta realidad rebasa una variable como la pandemia, y la violencia no solo está en las calles, en la proporción no tenemos la certeza”, comentó Ana Yeli Pérez, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
“Yo lo atribuiría a que la discriminación contra las mujeres y su expresión más extrema que es el feminicidio está en todos los ámbitos y uno muy particular en la comisión de estas violencias es el ámbito privado”, sostuvo.
Si bien, matizó, en 30% de los casos de feminicidio se conoce al victimario y la relación con la víctima del feminicidio, en el 70% de los casos esto no es así ya sea por la impunidad o la falta de investigación, según los reportes que recibe el Observatorio de las fiscalías estatales, cifra que corresponde que en casi el 70% de los casos se encuentran los cuerpos en el espacio público.
Al respecto, Elvia González del Pliego, coordinadora del Programa de Género de la Universidad Iberoamericana, consideró que el incremento de las denuncias por violencia familiar a raíz del confinamiento representa un elemento para cuestionar sobre la incidencia del feminicidio, a la par de que urgió a difundir los espacios donde se cometieron los feminicidios.
Y si bien en con los últimos datos disponibles a enero de 2021 se observa una disminución en los casos y uno de los menores registros en el sexenio en cuanto a casos reportados, se presenta también un alza importante de homicidios dolosos de mujeres contra la caída mostrada en 5 de los últimos 8 meses, al sumar 240 en enero pasado.
“Habría que ver por qué los consideraron como homicidio doloso, y no con feminicidios; al final del día son 301 asesinatos de mujeres en un solo mes”, indicó la académica de la Universidad Iberoamericana.
Sobre el aumento en el uso de armas de fuego en la comisión de este delito, Pérez detalló que podría deberse al contexto criminal que vive México, mismo que implica la comisión de otros delitos, como homicidios, pero también con la discriminación hacia las mujeres.
De acuerdo con datos oficiales, 2020 registró el mayor número neto de casos de feminicidio con arma de fuego, con 215, y una de las mayores tasas de los últimos 6 años, con 22.8%, solo debajo de 2016 y 2017, cuando alcanzó 22.9 y 26% respectivamente.
“Mientras no combatamos los dos, los feminicidios y estas maneras de violencia van a seguir ocurriendo, y en el caso de la discriminación, no tiene con reaccionar ante la violencia, implica prevenirla a través de la educación”, sostuvo la representante del OCNF.
“Analizamos que el incremento del feminicidio que se ha dado año con año responde a la inacción para detener ni siquiera el problema del feminicidio sino el problema en general de la violencia de género”, comentó
Pérez advirtió que en muchas localidades se comenzaron a adoptar políticas públicas en materia de violencia de género a partir de la declaración de alertas de género, cuando la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia está en vigor desde 2007. Por ejemplo, apenas a finales de 2020 la Ciudad de México aceptó esta declaración de alerta.