Mientras los nuevos cambios legales entran en vigor, las trabajadoras del hogar han contado con un programa piloto de afiliación, destacó Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS. Sin embargo, apenas el 2% ha sido afiliada.
Después de años de lucha, falta sólo un paso para que las trabajadoras del hogar vean reconocido su derecho a ser afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El dictamen para volver obligatoria su incorporación fue aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados la semana pasada y, mientras llega al pleno, las empleadas y personas aliadas le recuerdan a las autoridades que urge una mayor difusión con perspectiva de género, pues la sola reforma no bastará.
“Es necesario que se haga una buena campaña de comunicación para que las trabajadoras del hogar tengan una vida digna. De no ser así, no lograremos que tengan el Seguro, con las prestaciones y los derechos que establecerá esta reforma”, dijo Marcelina Bautista, directora del Centro de Atención y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), en la sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad Social en la que se aprobó por unanimidad la minuta del Senado.
En marzo, las senadoras y los senadores aprobaron una reforma a la Ley del Seguro Social (LSS) para establecer que es obligación de las personas empleadoras afiliar a las trabajadoras al IMSS. Desde 2019, la Ley Federal del Trabajo ya lo estipula como obligatorio, pero falta la adecuación a la legislación del IMSS para hacerlo efectivo.
“Mientras la reforma entra en vigor, han tenido acceso a los beneficios del programa piloto para trabajadoras del hogar”, el cual inició en 2019, destacó Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS. “No nos esperamos a que el esquema fuera perfecto, lo fuimos haciendo perfectible” y a la fecha hay 49,482 personas inscritas, quienes a su vez han registrado a más de 60,000 familiares.
Sin embargo, esa cantidad representa apenas el 2% de las más de 2.2 millones personas que se dedicaban al trabajo del hogar remunerado en mayo. “¿Por qué seguimos en ese porcentaje tres años después? Ésa es la pregunta que siempre está latente y por un lado se debe a que hay mucha gente que no quiere inscribirlas porque no es obligatorio”, dice en entrevista Marta Cebollada Gay, coordinadora académica del departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
También a que “sigue habiendo un desconocimiento muy grande de este proceso”, pues falta una mayor difusión. Pero hay otro motivo: “Se trata de que la mujer no es vista como sujeto de derechos laborales”, las personas empleadoras prefieren asegurar a un hombre porque su percepción es que él está a cargo de la familia. Entonces, la promoción del aseguramiento se tiene hacer con perspectiva de género, apunta.
Más hombres asegurados, aunque son minoría
El programa piloto para personas trabajadoras del hogar “logró incorporar a muchas más mujeres a la seguridad social, el 66% de las personas inscritas es mujer”, dijo Norma Gabriela López. Sin embargo, la población de este sector se compone por más del 90% de mujeres.
“Los hombres que laboran en el trabajo del hogar están cada vez más en la formalidad cuando no son ni el 10%” del total de ese sector, apunta Marta Cebollada, quien desde hace varios años ha dedicado parte de su trabajo de investigación a esta población.
“En las olas más fuertes de la covid-19 se perdió el 20% del empleo, la caída fue sobre todo en las mujeres. Pero el principal problema es que la mayor parte de las trabajadoras que han salido del mercado laboral son del sector informal y el nivel de informalidad en las mujeres trabajadoras del hogar sigue altísimo”, es del 98 por ciento.
Por eso es “muy importante incrementar su formalización, porque en momentos de otra ola de covid o de crisis económica, como la que nos puede venir por la inflación, será de nuevo serán las primeras que saldrán del mercado”.
Hacen falta más campañas y acciones con perspectiva de género dirigidas a las personas empleadoras, apunta. “¿Por qué a un jardinero sí lo inscriben y una cocinera no? Es porque priorizan el cumplimiento de derechos para los hombres por las nociones de los roles de género”, pero hay que acabar con eso.
También hay que empoderar a las mujeres para que lo exijan, dice. “Muchas no quieren el Seguro porque su marido ya está afiliado, pero él no se plantearía: ‘no me inscribas, porque mi mujer ya lo está’”. Deben tener claro que sin seguridad social no tendrán pensión y esa labor informativa la puede realizar el IMSS, considera.
También se requiere de un mayor apoyo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), pues hasta ahora no ha dedicado tanto empeño en este sector, señala.
“El gobierno federal tiene tres prioridades, entre las que no están las trabajadoras del hogar: Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF); libertad sindical, un poco obligado por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero también por la propia política del gobierno la cual ha tenido buenos resultados. Y el tercero es el salario mínimo, también con buenos resultados”, expresa.
El Economista