Una nueva investigación de Proceso dio a conocer que las nuevas tareas de este grupo criminal se enfocan en amedrentar fuertemente a estos productores al suroeste del estado
En el municipio de Madero, Michoacán, la defensa del medio ambiente se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Los ambientalistas que denuncian la tala ilegal, el huachicoleo de agua y la expansión aguacatera enfrentan una nueva forma de violencia: la extorsión sistemática del crimen organizado encabezada por una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera desde hace más de una década bajo el mando de Ángel Herrera, apodado como “Sierra 1” o “El Apá”.
Los defensores ambientales y campesinos resineros de Madero han denunciado que el CJNG les exige cuotas de hasta 50% de sus ganancias por la venta de resina de pino, producto del que Michoacán es uno de los principales productores nacionales.
En ese sentido, el kilo de resina, valuado en más de 400 pesos, se convierte en un botín para los grupos criminales, quienes imponen pagos inmediatos bajo amenaza de despojo de ranchos, ganado o incluso la vida.
El caso de Modesto Gutiérrez, campesino y padre de siete hijos, refleja esta dinámica: le exigieron medio millón de pesos y una camioneta, pero solo pudo entregar 50 mil. Poco después, fue asesinado con brutalidad y su cuerpo hallado en un camino serrano.
Los nuevos informes periodísticos indican que las cuotas de extorsión por parte del «Cártel de las Cuatro Letras» llegan a casi medio millón de pesos | FGE Michoacán
Ataques armados contra ambientalistas: el último recurso del CJNG
La extorsión se combina con ataques directos. El 6 y 7 de noviembre de 2025, comandos armados vinculados al CJNG atentaron contra las viviendas de Javier Gómez y Guillermo Saucedo Gamiño, integrantes del Comité Ecológico del Consejo Promotor de Área Natural Protegida de Madero. Primero, un Camaro gris disparó contra la casa de Gómez, lo cual dejó, además, una mujer muerta y su esposo herido en un ataque colateral.
Horas después, dos camionetas intentaron ingresar al domicilio de Saucedo para asesinarlo, pero el ambientalista logró huir hacia un cerro. Esa misma noche, un tercer tiroteo buscó nuevamente a los defensores, quienes sobrevivieron escondidos en el monte hasta el amanecer.
Autoridades ausentes y posible colusión con la criminalidad en Michoacán
Los ambientalistas pidieron auxilio al alcalde Juan Carlos Gamiño, pero la respuesta fue lapidaria: “No puedo. No me hacen caso”, en referencia a los 12 policías municipales bajo su mando. Testigos aseguran que la policía local mantiene vínculos con el crimen organizado y que incluso se ha visto a hombres armados reunidos en la presidencia municipal con el propio edil.
Testigos aseguran que el cobro de cuotas en esta región también se debe a una posible colusión de los mandos municipales con los cárteles y las células al mando del CJNG | SSP Michoacán
La falta de respuesta oficial ha generado un clima de indefensión. Los operativos de la Guardia Civil de Michoacán y Guardia Nacional (GN) han sido escasos, fugaces y, ante todo, incapaces de desarticular a las células criminales que dominan comunidades como El Sangarro, Etúcuaro, El Capulín y Villa Madero, donde la población vive bajo asedio constante.
Los ambientalistas de Madero llevan años bajo presión. En 2022, Saucedo fue secuestrado y liberado tras advertencias de que debía dejar de denunciar. Desde entonces, los defensores redujeron sus recorridos de vigilancia para protegerse. No obstante, los patrullajes armados del narco aumentaron como un recordatorio de “quién manda en la región”.
Más recientemente, circulan amenazas en redes sociales contra líderes ambientales y sociales. Entre ellos Julio Santoyo Guerrero, académico y miembro del Consejo Estatal de Ecología, quien ha denunciado desde 2015 la tala ilegal y el saqueo de agua. Las intimidaciones incluyen fotografías y mensajes que los colocan como “objetivos” del CJNG.
El saqueo de agua también ha sido otro foco de ganancias para el CJNG | Cuartoscuro
Extorsión como política criminal en Michoacán: de aguacateros, limoneros y demás productores agrícolas
La extorsión no se limita a los ambientalistas. Resineros, aguacateros, limoneros y frutilleros son obligados a entregar parte de sus ganancias. En el caso de los resineros, el cobro alcanza niveles confiscatorios: hasta la mitad de sus ingresos.
La muerte del maestro mezcalero Sergio Rangel Vieyra, ejecutado en mayo, y los enfrentamientos que dejaron más de seis muertos en la región, muestran que la extorsión se acompaña de asesinatos ejemplares para disciplinar a quienes se resisten.
El propio alcalde de Madero ha admitido ante pobladores que parte del presupuesto municipal se destina a los criminales, lo que confirma la simbiosis entre poder político local y narco.
Villa Madero, Michoacán. (Google Maps)
En este contexto, los ambientalistas denuncian que la policía municipal no les brinda protección real y que las medidas de seguridad otorgadas por la Fiscalía estatal son insuficientes.
Info BAE