Según una investigación de The Guardian y Quinto Elemento Lab, la suma de estas plantas explica por qué esta franja metropolitana se mantiene como el punto más crítico en emisiones de sustancias de alto riesgo para la salud.
San Nicolás.- El municipio de San Nicolás se ha convertido en el epicentro de las emisiones industriales más peligrosas de la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM).
De acuerdo con investigaciones recientes y con datos oficiales del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), cerca del 40 por ciento de los metales pesados liberados al ambiente provienen de un puñado de plantas ubicadas a menos de ocho kilómetros entre sí, en el corredor que cruza San Nicolás y sus límites inmediatos.
La zona alberga instalaciones de algunas de las empresas industriales más relevantes del estado, entre ellas las dos plantas de la acerera Ternium ubicadas junto a la UANL, y otras fábricas que desde hace años figuran en reportes y evaluaciones técnicas por su alta contribución a las emisiones tóxicas.
Además, según los datos del RETC, la planta Lagos de Ternium, ubicada en el municipio contiguo de Apodaca, tiene el primer lugar en emisiones de plomo, un contaminante que representa un riesgo grave para la salud, particularmente en niños, pudiendo causar daños irreversibles al cerebro, al sistema nervioso, al riñón e incluso afectar la presión arterial y la función reproductiva.
Otras industrias instaladas en San Nicolás y sus alrededores, como es el caso de Zinc Nacional, también aparecen junto a Ternium en los inventarios federales por la liberación de metales pesados como cadmio y arsénico, ambos asociados a daños pulmonares severos, afectaciones renales y varios tipos de cáncer.
Según una investigación de The Guardian y Quinto Elemento Lab, la suma de estas plantas explica por qué esta franja metropolitana se mantiene como el punto más crítico en emisiones de sustancias de alto riesgo para la salud.
Municipio está ‘atado de manos’
El alcalde Daniel Carrillo reconoce que todas las intervenciones, revisiones y mediciones ambientales dependen de la autoridad federal, particularmente de la Profepa.
El Municipio, afirma, “no es autoridad competente” para exigir límites, verificar partículas o imponer criterios técnicos. Su administración se limita a acompañar los procesos federales, proporcionar información y asegurar que las empresas entreguen reportes a tiempo, sin capacidad real de verificar valores, dictar obligaciones o sancionar incumplimientos.
Para Selene Guajardo, directora del Observatorio del Aire (OCCAMM), el reto principal para entender la contaminación en Monterrey no es sólo identificar fuentes, sino dimensionar lo que realmente respiramos.
Lo urgente, afirma, es caracterizar las partículas para saber qué contienen. Algunos estudios previos lo han hecho, pero requieren actualizarse y volverse sistemáticos.
“Mientras no se mida su composición de manera robusta —afirma— es imposible concluir si existe un riesgo significativo”.
Señalan corrupción
En tanto, Guillermo Martínez Berlanga, uno de los activistas ambientales más persistentes de Nuevo León, asegura que la crisis del aire en la metrópoli no es un problema técnico ni de falta de datos: es el resultado directo de la corrupción.
Sostiene que los recientes reportajes no hacen sino confirmar lo que ha denunciado desde hace más de una década: normas obsoletas, omisiones deliberadas y una estructura pública que evita enfrentarse a las industrias altamente contaminantes.
ABC Noticias