El presidente Gustavo Petro concluye su mandato con cifras históricas en reducción de pobreza y entrega de tierras, pero los escándalos de corrupción que salpican a su círculo más cercano empañan sus logros sociales
BOGOTÁ (Proceso).– El presidente colombiano, Gustavo Petro, concluirá este viernes 7 de agosto su mandato de cuatro años en medio de escándalos de corrupción que involucran a jóvenes funcionarias de tercer nivel muy cercanas a él y que acabaron por empañar en los últimos días de su gobierno sus buenos resultados en materia social y de inclusión política.
El primer gobernante de izquierda en la historia de Colombia mostró con frecuencia su impericia para la gestión pública y un estilo personal de gobernar muy desprolijo –eran frecuentes sus impuntualidades o ausencias de actos públicos, en medio de rumores de excesos que él mismo desmintió varias veces–, pero nadie discute la poderosa dimensión de su liderazgo social en un país con un sistema político tradicionalmente excluyente y conservador.
Con ese liderazgo, y con una fogosa retórica que instaba más a soñar con un mejor futuro que a solucionar los problemas concretos del presente, Petro hizo ver a los colombianos un país que muchos se negaban a ver: el de los pobres, el de la ruralidad profunda, el de los poblados remotos atrapados en las dinámicas violentas del conflicto armado y de las economías criminales.
Como dice el sociólogo Hernán Gómez Buendía, “una Colombia, la de los nadies, se sintió reconocida, y eso tiene una enorme importancia simbólica”. Los nadies, los ignorados históricamente por las elites, son los indígenas, los afrocolombianos, los jornaleros sin tierra.
Esos grupos, afirma el académico, “por primera vez se asomaron al poder”.
El gobierno de Petro, que inició el 7 de agosto de 2022, entregó 2.5 millones de hectáreas de tierra a campesinos pobres, una cifra que supera a la de todos los anteriores mandatarios, y redujo en 8.6 puntos porcentuales el índice de pobreza, lo que significa que sacó de esa condición a 3.8 millones de colombianos.
Además, a diferencia de los gobiernos que lo precedieron, el de Petro desarrolló una política salarial progresiva y a contrapelo del dogma neoliberal que hizo aumentar el salario mínimo de los colombianos en 59.4% en los últimos cuatro años en términos reales, ya descontada la inflación.
El entrante presidente, el populista de extrema derecha Abelardo de la Espriella, se queja de que recibirá un país con una situación financiera insostenible por el alto déficit. En realidad, durante el gobierno de Petro el déficit fiscal aumentó en un punto porcentual y llegó a 6.4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025.
El endeudamiento, sin embargo, se mantuvo en los mismos niveles y hoy equivale al 58% del PIB.
El desempleo, por su parte, está en 8.9%, su mínimo histórico.
Todo esto sería imposible si se hubieran cumplido los vaticinios catastrofistas de la derecha y de los medios tradicionales colombianos, que hablaron de la instauración de un régimen “castrochavista” cuando Petro llegó hace cuatro años al poder, en reemplazo del mandatario de extrema derecha, Iván Duque, el presidente más impopular de la historia de Colombia.
Petro protagonizó varias confrontaciones verbales –a menudo innecesarias– con las elites empresariales y políticas colombianas, pero nunca tocó el modelo económico de mercado que heredó de sus antecesores. Las grandes compañías, incluso, lograron utilidades sin precedentes, pero sus propietarios nunca vieron con buenos ojos al presidente izquierdista.
La paz que no fue
Iván Duque carga con la sombra de los al menos 44 manifestantes asesinados por la fuerza pública en las protestas sociales de 2021, cuando como mandatario ordenó reprimir a los jóvenes que se manifestaban por una reforma fiscal que gravaba a colombianos más vulnerables.
Petro se va con las manos limpias en materia de violaciones a los derechos humanos, un hecho notable en un país donde apenas a principios de este siglo los dos gobiernos del ultraderechista Álvaro Uribe (2002-2010) concluyeron con un saldo de seis mil 402 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes pobres asesinados por militares para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate.
De manera paradójica, una de las políticas que más expectativas suscitaron cuando Petro llegó al poder, en 2022, la de la Paz Total, fue la que más decepción provocó entre la ciudadanía.
Eso, porque los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y grupos delictivos como el Clan del Golfo nunca condujeron a la desmovilización de esas estructuras armadas ilegales sino todo lo contrario: estas aprovecharon los ceses de hostilidades con la fuerza pública para fortalecer su capacidad militar, sus rentas criminales y su presencia territorial.
Las cifras del propio Ministerio de Defensa son elocuentes. En estos últimos cuatro años el número de integrantes de estas estructuras creció en 79% al pasar de 15 mil en 2022 a 27 mil en la actualidad.
El Clan del Golfo, la principal organización criminal de Colombia y la cual incluso contó con la intermediación de Catar para negociar la paz con el gobierno colombiano, creció más del doble en ese lapso y pasó de cuatro mil a nueve mil 800 hombres en armas. Este grupo y el ELN lograron, además, una importante expansión territorial y llegaron a muchos más municipios del país.
Eso significa, para millones de colombianos que viven en zonas remotas y en espacios urbanos periféricos cooptados por la criminalidad, más inseguridad y más violencia que tienen como trasfondo delitos como el tráfico de drogas, el microtráfico, la extorsión, el tráfico de migrantes y la minería ilegal, un negocio de alta rentabilidad.
El investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Javier Flórez, considera que el gobierno de Petro no deja un balance positivo en materia de seguridad y que, por el contrario, la política de Paz Total contribuyó al aumento de la delincuencia y de la gobernanza criminal en Colombia.
La sombra de la corrupción
En la última semana, Petro ha estado en el centro de dos escándalos de corrupción y tráfico de influencias que involucran a tres jovencitas atractivas y de escasa preparación a las que le dio un poder inexplicable al interior de su gobierno.
Una serie de chats, audios y transferencias bancarias filtrados a la prensa indicaron que las hermanas Juliana y Verónica Guerrero –la primera de ellas protegida por el mandatario—cobraban comisiones a empresarios para conseguirles contratos con el Estado.
La primera respuesta de Petro a esas acusaciones fue culpar a los empresarios, aunque después –cuando prominentes figuras de su partido, el izquierdista Pacto Histórico, pidieron a la Fiscalía investigar a las hermanas Guerrero y sancionarlas, si era el caso– optó por el silencio.
Luego se conoció que otra jovencita con la que Petro se ha tomado selfis, Gabriela Muñoz, usó su cercanía con el mandatario para colocar en la Aeronáutica Civil a varios de sus familiares y para intervenir en contratos del organismo.
Estas acusaciones fueron corroboradas por Angie Rodríguez, una exfuncionaria que fue la mano derecha del gobernante durante varios meses.
Es evidente que, ahora que va de salida, comienzan a hacer de las suyas poderosos enemigos de Petro que disponen de acceso a información confidencial para atacar al político izquierdista.
Hace unos días fueron divulgados en la revista opositora Semana audios de la colomboespañola Eva Ferrer, quien fue colaboradora de la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer –quien sigue viviendo en la residencia presidencial, aunque ya está divorciada del mandatario– en los que le adjudica gastos exorbitantes y uso amañado de dineros públicos.
Además, afirmó que Alcocer recibió dos millones de euros durante la campaña y que el dinero “les gusta pa’ ellos”.
La columnista de la revista CAMBIO, Marisol Gómez, afirma que la corrupción ha estado presente en todos los gobiernos colombianos, pero es probable que Petro haya sido más escrutado que sus antecesores por ser el primer presidente izquierdista del país.
Hace dos años salió a la luz otro escándalo de corrupción que involucró a cercanos colaboradores de Petro acusados de malversar más de 13 millones de dólares destinados a la compra de camiones cisterna para distribuir agua potable en zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.
“El gobierno de Petro está finalizando con la bandera anticorrupción hecha pedazos, lo que es lamentable para un presidente que dijo que este sería ‘el gobierno del cambio’”, señala Gómez.
Ni una maravilla ni un desastre
El profesor e investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia Fabio López de la Roche afirma que el gobierno de Petro “ni fue el desastre que pintan los medios tradicionales colombianos, ni derivó en un modelo chavista, como pregonaba la derecha, ni tampoco fue la maravilla que dice la propaganda oficial”.
El académico sostiene que, con Petro a la cabeza, la izquierda democrática colombiana logró abrirse en el país un espacio que nunca había tenido y que, pese a la derrota del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en los comicios de junio último, éste sigue siendo una opción real de poder para millones de ciudadanos.
Al menos, señala, así lo indican los cerrados resultados de la contienda electoral, en la que Cepeda obtuvo 12.7 millones de votos, 48.69 % del total, mientras que el ultraderechista Abelardo de la Espriella logró 12.9 millones, 49.66%, una diferencia de menos de un punto porcentual.
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