El diseño de las boletas, la distribución de vacantes y las reglas de paridad aplicadas sin considerar el contexto han generado una competencia desigual, según organizaciones civiles.
A menos de dos semanas de la primera elección judicial en México, organizaciones del Observatorio Electoral Judicial advirtieron que el proceso arrastra deficiencias estructurales que comprometen su equidad, competitividad y legitimidad.
El observatorio concluyó que de las 3,202 personas candidatas a los cargos para juzgados de distrito y magistraturas de circuito, 201 “no tienen posibilidades reales de ganar”, mientras que otras 103 “tienen muy bajas probabilidades, equivalentes a menos de 2%; es decir, ganarían solo en uno de 50 escenarios posibles o incluso menos” y ,133 personas candidatas tienen un 100% de probabilidades de ganar.
El análisis, publicado este martes por la organizaciones Laboratorio Electoral, México Evalúa, Práctica: Laboratorio para la Democracia y Disentir, está basado en simulaciones probabilísticas y modelos bayesianos sobre esas 3,202 candidaturas registradas.
Sostiene que el diseño de las boletas, la distribución de vacantes y las reglas de paridad aplicadas sin considerar el contexto han generado una competencia desigual desde el inicio del proceso.
El informe identifica también que 93 de las 120 boletas (77.5%) que se usarán en la elección judicial presentan problemas graves de equidad, y 57 de los 60 distritos judiciales (95%) muestran al menos una distorsión en la competencia. En al menos tres vacantes no hay personas candidatas registradas, y en dos casos, ni siquiera aparecen en sus respectivas boletas.
Según el Observatorio, el nivel de complejidad de las boletas vuelve prácticamente imposible que el electorado emita un voto informado. “Una persona que revise hasta por cinco minutos el perfil de cada persona candidata […] tendría que dedicar entre 15 y 18 horas”, advierte.
Las personas votantes deberán elegir entre 23 y 37 cargos judiciales federales, con listas que incluyen entre 152 y 221 nombres distintos, sin contar los comicios locales en 19 entidades del país.
Además, las reglas para computar los votos y asignar cargos son “confusas” y no habrá representación partidista que supervise los conteos distritales, como ocurre en otras elecciones.
Aunque el informe aclara que no critica el principio de paridad de género, sí cuestiona cómo fue implementado.
“El diseño de las reglas para asegurar la paridad de género, aunque necesario, genera distorsiones cuando se aplica de manera automática, irreflexiva y sin considerar el contexto”, expone.
Apunta que sus según sus estimaciones, aproximadamente 35.5% de las mujeres candidatas tendrían altas probabilidades de ganar algún cargo, mientras que en los hombres, solo 20% podrían resultar
ganadores.
Sostiene que aunque sus previsiones de resultados por sexo pueden verse como un logro en términos de inclusión y paridad, también significa que muchos hombres competirán sabiendo de antemano que tienen pocas probabilidades de ganar, incluso si obtienen más votos.
Precisa que en especialidades con solo una vacante y presencia de ambos sexos, los criterios de asignación pueden crecer significativamente las probabilidades de derrota para uno de ellos, dependiendo del sexo y del número de postulantes.
Además, en 78 boletas con una sola vacante y presencia de ambos sexos, el diseño asegura de antemano quién ganará, debido a cómo se distribuyen los votos entre candidaturas únicas o múltiples de un mismo sexo.
Las organizaciones responsabilizan directamente a la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024 por haber iniciado un proceso “sin ningún estudio o criterio” y a las instituciones por organizar una elección federal compleja en menos de ocho meses y con un presupuesto 52% menor al necesario.
Señala que las 234 personas candidatas que tienen altas probabilidades de perder la elección tienen argumentos y elementos suficientes para impugnar los resultados.
“Observaremos con detenimiento los casos en que impugnen los resultados de la elección producto de la inequidad que produce el diseño de las boletas, con la expectativa que la justicia electoral garantice los derechos políticos y electorales de las personas candidatas y de la ciudadanía, lo cual hasta ahora no ha ocurrido”, destaca.
Forbes México