Temen que con el peso del Tren Maya las cuevas colapsen, tal como ha ocurrido en diversas partes de la carretera Federal 307 que comunica a Cancún con Tulum, pasando por Playa del Carmen, donde los hundimientos han provocado pérdidas económicas millonarias al sector turístico.
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo (apro).- El sonido de la maquinaria pesada no cesa al poniente de Playa del Carmen, zona donde el gobierno federal construye el Tren Maya tramo 5 sur, proyecto que no detuvo el resolutivo judicial de suspensión de un juez federal.
El lunes 18, los grupos ambientalistas de Quintana Roo dieron a conocer como un triunfo un auto de suspensión provisional dictado por el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Yucatán, dentro de la demanda de amparo indirecto 884/2022 presentada por buzos espeleólogos que encuadraron en el interés legítimo de los actos reclamados al gobierno federal, porque el proyecto fue iniciado sin una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
La demanda de amparo indirecto fue presentada contra el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Fonatur Tren Maya, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
No obstante, de la algarabía por la suspensión obtenida, los ambientalistas pasaron al enojo y frustración porque los trabajos que ejecuta Grupo México Acciona no pararon. Por el contrario, se han intensificado con más presencia de maquinaria y personal, de manera particular en Villas del Sol, el fraccionamiento más popular de Playa del Carmen.
En pleno jueves santo, cuando la mayoría de la población de este fraccionamiento se encontraba trabajando en los grandes hoteles por la temporada alta vacacional, le fue devastado su último reducto de selva de unas 20 hectáreas.
Pepe Urbina Bravo, buzo espeleólogo establecido en la Riviera Maya desde 2004, es uno de los quejosos de la demanda colectiva del amparo indirecto que le fue concedida la suspensión provisional. Él, junto con dos buzos más, iniciaron el medio de control constitucional en marzo pasado con asesoría jurídica de la asociación civil “Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano” (DMAS).
La demanda fue presentada en el Juzgado Noveno de Distrito, con sede en Cancún, y finalmente atraída por el Juzgado Primero de Distrito, de Yucatán, donde por un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal se concentran todos los juicios de amparo relacionados con el Tren Maya.
“En lugar de detenerse se han redoblado los esfuerzos en la zona como si se tratase de una especie de carrera por destruir”, lamentó Pepe Urbina.
Los quejosos, como parte actora, sustentaron su interés legítimo para promover la suspensión provisional derivado que realizan una actividad profesional de sumersión en los cientos de cuevas inundadas que existen a lo largo del corredor biológico Playa del Carmen-Tulum, justo donde el Gobierno de México pretende que pase el proyecto Tren Maya tramo 5.
“Somos buzos de cuevas, algunos de nosotros en su trayectoria hemos hecho descubrimientos en cuanto a fósiles, en cuanto a cuevas, conocemos muy bien la zona, no por un interés privado, aunque es nuestra fuente de trabajo, pero entendemos muy bien que es un patrimonio nacional y humano; es muy importante la cantidad de información paleontológica que guardan estas cuevas, estos túneles, es la historia humana. Se han descubierto restos humanos de miles de años, de camélidos, de equinos”, explicó Urbina Bravo.
Con el peso del Tren Maya, temen que las cuevas colapsen, tal como ha ocurrido en diversas partes de la carretera Federal 307 que comunica a Cancún con Tulum, pasando por Playa del Carmen, donde los hundimientos han provocado pérdidas económicas millonarias al sector turístico.
Controversia del Tren Maya en Playa del Carmen
Los trabajos del Tren Maya tramo 5 iniciaron a finales del año pasado, pero no en la selva del poniente de Playa del Carmen, sino en la carretera Federal 307 para ingresar a esa ciudad, donde en un principio estaba contemplado que pasara.
No obstante, en los últimos meses los hoteleros, acompañados de empresarios dedicados a otros giros comerciales y hasta miembros del ayuntamiento del municipio de Solidaridad, donde se encuentra Playa del Carmen, iniciaron una intensa petición ante el Gobierno de México para que la ruta del ferrocarril fuera trasladada al poniente, entre la selva, donde se encuentran los sistemas cavernosos. Argumentaron que las obras se perfilaban a causar un intenso tráfico vehicular con afectación a los miles de turistas y a la recuperación económica del destino tras la pandemia del coronavirus.
La solicitud tuvo éxito porque finalmente a mediados de enero pasado el Fonatur anunció la suspensión de los trabajos en la carretera Federal donde las perforaciones ya hechas al suelo quedaron abandonadas.
Fue en los últimos días de febrero cuando los ambientalistas tomaron relevancia al anunciar que, en un punto a aproximadamente 12 kilómetros del centro de Playa del Carmen, el desmonte de selva virgen había comenzado, trabajos que hasta la fecha no han parado.
“A nosotros nos agarró de sorpresa, pues el tren se estaba construyendo sobre la carretera y al final se decidió que no y empezaron a destruir la selva, fue tan abrupto que muchos pensamos que era fake news, que eran noticias falsas, no lo pudimos creer y nos sentimos traicionado porque eso no es lo que habíamos acordado, no es lo que se había hablado cuando se trazó este tramo del Tren Maya”, recordó Pepe Urbina.
De acuerdo con Moce Yax Cuxtal, asociación civil ambientalista, estiman que podría haber una devastación de ocho millones de árboles, cálculo hecho con base en una muestra del Jardín Botánico de Puerto Morelos.
Asimismo, temen el desplazamiento de varias especies importantes, como el jaguar, especie que se encuentra en la cima de la cadena alimenticia y regula la vida al interior de la jungla.
El juicio de garantías aún no termina y será el próximo viernes cuando el Juzgado Primero Distrito, de Yucatán, decida una suspensión definitiva al proyecto dentro del juicio de amparo indirecto mencionado, medida cautelar que busca que ahora sí la autoridad responsable lo acate y detenga las labores mientras no se dicte sentencia de todo el proceso judicial.
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