La consejera dijo que los tiempos de fiscalización del INE son “muy acotados” y se necesita información para verificar los ingresos, egresos y su correcta aplicación por parte de los sujetos obligados
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el SAT y la CNBV son las instancias que “frenan” el trabajo de fiscalización del INE, advirtieron las consejeras Carla Humphrey y Dania Ravel.
Dijo que en el caso de la UIF, de las 69 solicitudes que se formularon durante 2023, solo se respondieron nueve y, de los13 requerimientos enviados este año, “no ha habido respuesta a ninguno”.
Durante la presentación del Informe en materia de Fiscalización, confió en que la firma de un nuevo convenio con la UIF, “con dos anexos ya firmados”, permita que la información sea más fluida y en tiempo y forma.
“Yo hago votos porque ahora sí ya teniendo un segundo Convenio con dos anexos ya firmados, pudiera ser mucho más fluido en tiempo y forma y cumpliendo con los plazos legales, el cumplimiento y el intercambio de esta información”, planteó.
Recuento de solicitudes
De manera general, Humphrey dijo que tan solo en lo que va del año, se han girado 1,882 solicitud requerimientos de información a diversas autoridades con las que hay permanente comunicación, en virtud sus ámbitos de competencia.
Del total, 1,792 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 77 al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y 13 a la UIF, aunque esta mantiene serios rezagos del 2023.
“Me parece preocupante que sigan subsistiendo demoras que se pueden traducir en la obstaculización de las labores de fiscalización de este Instituto”, anotó la consejera.
En el caso de la CNBV, de los 1, 792 requerimientos, 95% se han recibido entre el plazo de uno y dos días, lo que da cuenta de la ágil respuesta y alto grado de sensibilización con los procesos de fiscalización, y su incidencia.
Sin embargo, en el caso del SAT, de las 77 solicitudes realizadas en lo que va de este año, 18 se han atendido en un periodo entre uno y cinco días, pero 38 están fuera del plazo de los cinco días y 21 se encuentran todavía sin respuesta.
“…como sabemos, los plazos son muy acotados y necesitamos la información dentro de los tiempos previstos por la norma para que esta institución pueda desplegar todas sus labores en materia de fiscalización respecto a la verificación de los ingresos, egresos y su correcta aplicación por parte de los sujetos obligados”, resaltó.
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