Una de las barreras que impiden una buena administración es la disminución del presupuesto de la Conagua, que ha bajado 50% entre 2014 al 2022.
La falta de presupuesto, la poca coordinación entre los tres niveles de gobierno y las deficiencias en los sistemas de medición son algunas de las barreras para el desarrollo de una gestión eficiente y sostenible del agua en nuestro país, consideró el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El documento titulado “Modernizar la regulación de aguas en México”, elaborado por el IMCO explicó que la gestión de los recursos hídricos de la Nación se encuentra dividido en tres: federación, estados y municipios.
“Esta distribución genera un problema de acción colectiva: al repartirse la responsabilidad entre múltiples actores, es fácil evadir su cumplimiento y se generan vacíos de autoridad. Al mismo tiempo, los sistemas de aguas necesitan balancear objetivos de desarrollo económico, social y ambiental, así como gestionar un sector, por definición, monopólico”, se lee en el documento.
El IMCO consideró también que la coordinación es difícil de lograr debido a que cada estado opera de manera independiente, en particular en los ordenamientos del suelo.
“Legalmente, un estado puede cambiar su uso de suelo y afectar el régimen hídrico de toda la cuenca sin que otras entidades —potencialmente afectadas— puedan hacer algo al respecto”, abundó el instituto.
La descoordinación dificulta el desarrollo de políticas públicas eficientes para manejar los recursos de manera sostenible es por ello que, concluyó el IMCO, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) debe promover una mayor coordinación entre los responsables de la gestión del agua.
Por otro lado, la autorización del uso del vital líquido (concesión) no está basada en la capacidad máxima de renovación del agua de los acuíferos.
Otra de las barreras tiene que ver con los recursos asignados la Comisión Nacional del Agua, ya que el IMCO estimó que el presupuesto del organismo disminuyó 50% entre 2014 y el año pasado.
“Garantizar, mediante el presupuesto diseñado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Congreso de la Unión, recursos suficientes para que la Conagua pueda invertir en tecnología y recursos humanos para desarrollar un sistema de información de recursos hídricos robusto y confiable”, indicó.
De igual manera se señaló que las repercusiones asociadas con el mal uso del agua tienen un efecto negativo en la calidad y disponibilidad del recurso. Tales son la contaminación y el desperdicio debido a prácticas ineficientes, así como la falta de tratamiento de aguas residuales en la ganadería o en el sector minero.
Para muestra, el documento detalló que en lo que se refiere a la calidad del agua en relación con la carga global de enfermedades del 2019, México ocupó el antepenúltimo lugar por arriba de Brasil y Perú con una tasa de 50. El primer lugar lo ocupa Suiza con 100 puntos.
Disponibilidad actual
Por otro lado, el documento señaló que actualmente la disponibilidad promedio de agua por persona en México, se encuentra en 3,200 m3 y de continuar la tendencia, se estima que para 2030 se ubique por debajo de 3 mil m3.
En términos geográficos, el sur del país tiene la mayor disponibilidad de agua (70% de este recurso se ubica en esa región) en contraste con el norte (20%) y centro de México (10%).
“Cada entidad se ve obligada a atender la problemática con soluciones temporales, por ejemplo, con el suministro a través de pipas, con cortes o reducciones del flujo cuando hay escasez en las presas, o incluso con el bombardeo de nubes. Estas acciones no representan una solución sistémica, únicamente posponen los problemas de agua del país”, refrendó el IMCO.
El instituto concluyó que las autoridades en los tres niveles de gobierno necesitan transitar hacia un marco legal y regulatorio que permita asegurar el acceso equitativo al agua y que garantice el derecho de los ciudadanos a un suministro de agua seguro, limpio y asequible.
El IMCO sugiere aprovechar el mandato de expedir una nueva Ley General de Aguas, pues será clave para sentar las bases de un camino hacia una legislación y gestión más eficientes del agua.
El Economista