Las investigadoras Julieta Fierro y Valeria Souza señalan que la nueva legislación de ciencia quita autonomía y militariza al sector; limita recursos y parte de una visión antigua de la ciencia.
Hace dos décadas las matemáticas salvaron la producción de tequila mexicano. Parece increíble pero es real. La tequilera jalisciense Sauza había reducido la siembra de agave por sobreproducción y plaga. Sin embargo, el mercado del tequila creció y la compañía requería producir más con menos plantas. La solución la encontró el Centro de Investigación en Matemáticas (Cimat) con un modelo que partió de la ciencia básica. Los matemáticos descubrieron que no era necesario esperar hasta nueve años para la extracción del agave. Bastaba con tres.
“A veces piensa uno que la ciencia básica no sirve para nada, pero los científicos decimos que, a la larga, sí”, subraya la doctora Julieta Fierro, investigadoradel Instituto de Astronomía de la UNAM. Ella recordó la anécdota del tequila para ilustrar que, cuando se invierte en ciencia, diversos problemas del mundo se pueden resolver.
Pero considera que, si un gobierno menosprecia la labor científica y “sataniza” a la iniciativa privada y a la academia, es difícil que ese país prospere. Lamentablemente, indica, la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación refleja que esto sucede en México.
La legislación se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de mayo de 2023 y es rechazada por el gremio científico.
Además de criticar que se aprobó sin tomar en cuenta a la comunidad académica, “al vapor”, sin perspectiva de género y “mal redactada”, las investigadoras advierten que impacta negativamente al sector. Con esta ley se limitan los recursos económicos de los proyectos, el otorgamiento de becas carece de reglas claras y se niega a las escuelas privadas.
Quizá lo más preocupante, apuntan, es que resta autonomía a la principal entidad científica del país, antes llamada Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), e incluye a las Fuerzas Armadas en la toma de decisiones del sector.
Una ley “chapucera”
A decir de la doctora Valeria Souza, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, la nueva ley se redactó y aprobó sin la comunidad científica. Inicialmente, se convocó a siete foros de discusión para su diseño, pero al final se realizaron dos. “Esta ley fue aprobada al vapor, de forma chapucera”, reclama.
Todo inició con la desaparición de los fideicomisos para proyectos científicos y académicos. El gobierno acusó que operaban con discrecionalidad, sobre todo aquellos fondos mixtos, que incluían dinero de empresas para desarrollos tecnológicos.
Sin embargo, la científica sostiene que estos instrumentos estaban debidamente auditados y, tras su desaparición, algunos proyectos de investigación se quedaron sin recursos para continuar.
“Todo ese dinero de los fideicomisos, que en efecto era mucho y permitía a muchos centros y universidades operar, todo ese dinero se evaporó. Nadie dijo en la 4T a dónde se fue. Pero, lo que sí sabemos, es que dejaron a los investigadores sin recursos para realizar proyectos comprometidos”, afirma.
Otro problema con la nueva ley de ciencia es que niega las becas de posgrado a las academias privadas y no establece reglas claras para su otorgamiento, lo que abre la puerta a la discrecionalidad y al uso político de los proyectos científicos.
La investigadora cita un artículo del escritorGuillermo Sheridan para explicar que la nueva ley parte de una visión antigua, que considera que hay ciencia neoliberal, realizada por élites, y ciencia con mayor apego a las raíces de los pueblos originarios. Una idea de los años 70.
“Sin embargo, no existe ciencia neoliberal, es sólo ciencia, donde se aplica un método científico para demostrar hipótesis, ideas».
Militarización y control
Es más que agregar una “H”. Los cambios al Conacyt, que con la nueva ley se llama Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), no son accesorios. Incluyen, por ejemplo, la inclusión de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina a la Junta de Gobierno del organismo, el principal ente de la política científica.
“Se usó la excusa de la H’, porque decían que no estaban representadas las humanidades, para poder quitarle autonomía al Conacyt. Ahora, todas las decisiones las va a tomar la mesa directiva, donde los científicos y los tecnólogos no tenemos ni voz ni voto”, lamenta la doctora Fierro.
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