De acuerdo con informes oficiales, la sustracción desmedida puso en riesgo el suministro de agua potable de más de 2,000 familias en comunidades rurales
En un esfuerzo por frenar la crisis hídrica que azota a la región, las autoridades federales y estatales intensificaron los operativos de vigilancia en la cuenca del Río Guayalejo, logrando la detección y desmantelamiento de una red de extracción ilegal de agua que operaba de manera impune.
Tras una serie de rigurosas inspecciones terrestres y acuáticas coordinadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas, se auditaron un total de 84 puntos de aprovechamiento. El saldo de la investigación reveló que 60 de estas tomas eran completamente clandestinas, operando sin ningún tipo de concesión federal, mientras que solo 24 contaban con la documentación en regla.
Comunidades y abasto urbano en el ojo del huracán
El impacto de este robo de agua, conocido localmente como «huachicoleo», afectaba directamente los derechos humanos y económicos de la población. De acuerdo con informes oficiales, la sustracción desmedida puso en riesgo el suministro de agua potable de más de 2,000 familias en comunidades rurales como el municipio de Llera, provocando una pérdida drástica de presión en los pozos comunitarios.
Sin embargo, la repercusión más grave amenazaba al sur del estado. Al secuestrar el caudal del río para el riego agrícola privado no autorizado, se redujo drásticamente el flujo que alimenta al Sistema Lagunario, poniendo en jaque el abasto de agua potable para la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.
La respuesta gubernamental ha sido contundente. Las autoridades procedieron a la clausura inmediata de las tomas y al decomiso de la infraestructura, retirando del lugar potentes equipos de bombeo y tuberías rudimentarias.
El Horizonte