La posición de los empresarios se dio a conocer la semana pasada, luego de que el cuatro de noviembre, en la Cámara de Diputados, por unanimidad de 478 votos, se aprobó en lo general y en lo particular un proyecto de decreto por el que se hacen las adiciones referidas con lo cual pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La eventual adición a los artículos 4 y 9 de la Ley General de Turismo, con la cual se plantea una mayor colaboración entre autoridades federales y estatales con el objetivo de garantizar la recaudación de las cuotas y contribuciones locales, así como la participación de las autoridades migratorias y hacendarias ha causado la inconformidad del sector privado.
“Estas medidas traerían mayores costos administrativos para los hoteles, con un mayor impacto relativo en los establecimientos más pequeños, que no cuentan con el personal y estructuras administrativas para atender la mayor demanda de información y requerimientos. Asimismo, abre la puerta a posibles extorsiones por parte de algún personal que lleve a cabo dichas revisiones”, consideró el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).
En un comunicado, el organismo presidido por Braulio Arsuaga, manifestó que el sector siempre ha estado a favor de que se cumpla la Ley y las obligaciones que en ellas se establecen, respecto al pago de cuotas y contribuciones.
Sin embargo, hizo pública su posición respecto al posible cambio legal: Manifestamos desconcierto de que esta reforma se haya realizado sin la concurrencia y participación del CNET y sus organizaciones asociadas, como siempre se había realizado. Por ello piden que se considere su opinión.
La posición de los empresarios se dio a conocer la semana pasada, luego de que el cuatro de noviembre, en la Cámara de Diputados, por unanimidad de 478 votos, se aprobó en lo general y en lo particular un proyecto de decreto por el que se hacen las adiciones referidas con lo cual pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales (el próximo miércoles la comisión de Turismo realizará una reunión ordinaria donde se tocará el tema).
La iniciativa de adición a los dos artículos fue presentada el 14 de septiembre por los diputados Carlos Alberto Puente Salas y Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
“Es necesario que las entidades cuenten con más herramientas financieras para allegarse de recursos con el fin de atender la problemática enmarcada en el crecimiento del turismo que deriva en impactos ecológicos y sociales, y así, continuar con la prestación de servicios públicos de calidad… en el entendido de que los mecanismos existentes carecen de esquemas que garanticen la recaudación correspondiente, por lo cual se vislumbra un área de oportunidad para que la federación coadyuve”, argumentaron los diputados.
Como un ejemplo de prácticas de recaudación, refirieron que Baja California Sur realiza el cobro de un aprovechamiento a turistas extranjeros (400 pesos), a quienes permanezcan más de 24 horas en la localidad. Se estima que a partir de este gravamen se recaudan 500 millones de pesos que se destinan al Fondo de Sustentabilidad de Baja California Sur, el cual tiene la función de fortalecer diferentes rubros como la infraestructura social y turística, así como seguridad pública, educación y vivienda.
El Economista