Me cuentan mis insiders en Santa Catarina que pese a las buenas y magnas noticias de los últimos días por la próxima instalación en ese municipio de la mega planta de la automotriz Tesla, el alcalde, Jesús Angel Nava Rivera, “Tofito”, para los amigos, no anda nada contento y al contrario, a su círculo cercano su esposa, Paola Edith García Yves, ha comentado que a su marido no lo pelaron o le hicieron poco caso en los eventos en Ciudad de México y Austin.
Chiquito, como lo es, Nava Rivera se siente incómodo con el gobernador Samuel García, a quien agradece de dientes para afuera que lo hubiera puesto en los reflectores, pero por lo bajo maldice, porque, según él, merece y se ha ganado más.
Alguien había de decirle a “Tofito” que la soberbia es mala consejera, máxime cuando las pesquisas que lleva a cabo en la CDMX ante la Fiscalía General de la República para intentar joderse al clan de los Pérez, ni va con la velocidad que él había soñado ni parece que tenga resultados, al menos en el mediano plazo, es decir, antes de las elecciones.
Tal es el malestar del alcalde que poco le importó que, Irania Dalila Jacobo Rodríguez, directora de la policía de su municipio, desconocida hasta ayer, regresara del Congreso Nacional de Tiro Policial, como campeona de tiro a siluetas en movimiento, así como en tiro tipo rápido.
La jefa policíaca tuvo que celebrar junto a sus elementos y ante la ausencia e ignorancia del alcalde fiesta lo que se llama festejo, no hubo.
TERROR EN EL REGISTRO CIVIL
Una ola de terror sorda está cundiendo en los pasillos y en las oficialías de la Dirección del Registro Civil del Estado de Nuevo León, que encabeza un tal Abelardo García González y que, en teoría depende del golfista, Javier Navarro Velasco, quien cobra como secretario General de Gobierno, cargo que ocupa en sus tiempos libres.
Resulta que desde hace semanas la guadaña ha cortado muchas cabezas bajo la justificación de un reajuste económico y los primeros en quedar sin chamba han sido jueces civiles interinos, pero también oficiales de los municipios de García, Escobedo, Guadalupe, Monterrey y otros municipios.
Sin decir agua va, los empleados con 18 años o mas de antigüedad son obligados a firmar “renuncias voluntarias” para no tener que indemnizarlos y, cuentan, para acomodar gente “de confianza” de García González, quien saltó a la fama por ser el juez que ofició la boda civil de Samuel García.
Es tal el desastre, que muchos jueces despedidos han tenido que contratar servicios de mudanzas para recoger el mobiliario de las oficialías, que nunca fue propiedad estatal, ya que, ante la precariedad de la dependencia, tuvieron que ser amuebladas por cuenta de los jueces.