La organización exigió al presidente que en lugar de estigmatizar a la prensa, pruebe sus “descalificaciones” y ofrezca explicaciones sobre las evidencias presentadas, incluyendo sobre el contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019, que la Sedena ocultó durante tres años.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La Red en Defensa de Derechos Digitales (R3D) exigió hoy al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que, en lugar de estigmatizar a la prensa, pruebe sus “descalificaciones” a la investigación #EjércitoEspía y dé explicaciones sobre las evidencias presentadas, incluyendo sobre el contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019, que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha escondido durante tres años.
En un comunicado, la organización retó el gobierno a presentar evidencia “que desvirtúe el análisis forense elaborado por Citizen Lab” sobre el espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos, y a transparentar el contrato y sus anexos, y agregó que “mientras estas solicitudes no sean satisfechas en su totalidad, ni el gobierno ni la Sedena pueden afirmar que han aclarado o desvirtuado de forma alguna los hallazgos de nuestra investigación”.
“Por el contrario, con su silencio estarán confirmando que existe un Ejército Espía y un gobierno que lo encubre”, abundó.
R3D planteó que, en su comunicado divulgado ayer en reacción a las evidencias de EjércitoEspía –más de un día y medio después de la publicación–, la Sedena no desvirtuó “de forma alguna” la investigación, ni refutó las infecciones con el spyware Pegasus contra el periodista Ricardo Raphael, otro colega de Animal Político y el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos.
R3D recalcó que, la Sedena reconoció que utilizó Pegasus entre 2011 y 2013 –lo cual no es cierto, pues hay evidencias de que lo siguió usando durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador–, aún cuando la institución castrense nunca tuvo facultades legales para intervenir las comunicaciones privadas.
La organización también subrayó que, en respuestas a solicitudes de información, la Sedena siempre indicó no haber solicitado autorizaciones judiciales para intervenir comunicaciones, lo que haría ilegal cualquier uso de Pegasus por parte de la dependencia.
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