Una vez completados los rituales propios de la época y ante la inmisericorde ola de violencia que ha inundado a ciertas regiones del país, misma que – según parece – pretende combatirse a través de discursos y buenos deseos, siempre será recomendable – para variar – traer a cuenta buenas noticias.
Se dice que hace más de dos mil años, precisamente por estas fechas, un hombre fue sujeto a juicio por delitos religiosos y políticos. El procedimiento de marras supuso un sonado conflicto competencial; a partir de su prendimiento, el inculpado fue sometido a diversas jurisdicciones, mientras que las autoridades a quienes correspondió conocer del asunto evitaban emitir su resolución. De Anás a Califás; de Heródes a Pilatos. Finalmente, fue este último, quien para responsabilizar al pueblo por la decisión adoptada y así “lavarse las manos”, preguntó a la multitud a cual reo debía otorgar su perdón (como era la costumbre en la época de Pascua), al tiempo que la plebe se inclinó por Barrabás. Lo que siguió fue la sentencia anunciada: al acusado se le encontró culpable de las faltas que se le imputaron y fue condenado a muerte por crucifixión. El evangelio nada dice sobre la defensa de Jesús en aquel juicio que lo llevó al fin de su vida terrenal. Alguna vez un buen amigo (seguramente influenciado por el Dios Bacco, como suele ocurrir en los asuetos de Semana Santa) preguntó un tanto desorientado: “¿Qué hubiera sido del Nazareno de haber contado con una defensa adecuada?”. El cuestionamiento produjo un acalorado debate sin que de el se haya obtenido conclusión alguna. En realidad, la respuesta a tal pregunta nunca la sabremos; sin embargo, ante las relatadas circunstancias, bien vale la pena destacar el esfuerzo de quienes han desempeñado y actualmente ejercen la noble tarea de asesorar, defender, proteger y representar a quienes requieren asistencia legal, pero que – debido a su condición económica – se encuentran limitados para acceder a los servicios de un abogado o abogada particular.
En México, la defensa pública tiene sus antecedentes en la llamada Procuraduría de los Pobres, impulsada por el abogado liberal Ponciano Arriaga. Siendo diputado Local, el potosino confeccionó una ley con el fin de crear una institución destinada a defender a las clases sociales más vulnerables frente a los abusos y agravios de que eran objeto por parte de los poderosos. Más tarde, perseguido por Antonio López de Santa Ana, Arriaga es exiliado a Nueva Orleans. Al triunfo de la Revolución de Ayutla, quien fuera Ministro de Justicia en la administración de Mariano Arista, regresó a México y, gracias a su labor como presidente del Congreso Constituyente, es reconocido – hasta la fecha – como el padre de la Constitución de 1857. Así, el documento constitucional recogió, para el beneficio de todo el país, el precedente de lo que hoy se conoce como defensorías de oficio.
En este pedazo de México llamado Coahuila, la actuación de las y los defensores es motivo de orgullo. Varios botones sirven de muestra. Tan solo el año pasado, el Instituto Estatal de la Defensoría Publica atendió a casi 153 mil usuarios en forma totalmente gratuita. Por su parte, las y los abogados de oficio en Coahuila intervienen en el ochenta por ciento del total de los asuntos que se tramitan en materia penal; es decir, de los 12 mil 323 juicios penales registrados en la entidad en el año 2018, las y los defensores públicos tuvieron la responsabilidad de atender casi 10 mil procedimientos y a poco más de 27 mil personas. Actualmente, la referida unidad cuenta con ocho oficinas distribuidas en cada uno de los distritos judiciales del estado y, en ellas, se desempeñan abogados y abogadas que son auxiliados en sus labores por profesionales en las áreas de psicología y trabajo social.
Como si esto fuera poco, en cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan Integral de Desarrollo y Fortalecimiento del Poder Judicial 2016-2020, hace unos días fueron inauguradas las nuevas oficinas de la Unidad de Defensa Penal del referido instituto y se arrancó el programa Defensoría Móvil, a través del cual, los servicios de asesoría, defensa y representación, serán acercados a colonias y comunidades donde se tenga detectada una mayor necesidad. Bien por ésta institución coahuilense que – a decir de no pocos – es ya considerada un referente nacional en la materia.
Quien con visión promovió la creación de las defensorías de oficio, Ponciano Arriaga, escribió: “Algún día llegaran al poder hombres de honor, de moralidad y de conciencia; algún día serán cumplidas las promesas y respetados los juramentos; algún día las ideas serán hechos y la Constitución una verdad”. Ahí se los dejo para la reflexión.