ONG que acudieron a las sesiones del Comité DESC en Ginebra para presenciar la revisión del séptimo informe de México advierten un deterioro profundo de instituciones y políticas públicas que no garantizan el sistema universal de derechos humanos. Las conclusiones de los expertos se darán a conocer el 13 de noviembre.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La llegada de la autodenominada Cuarta Transformación al gobierno federal no se ha traducido en garantías para el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de millones de mexicanos, quienes tampoco tienen mecanismos para exigir su cumplimiento ante Naciones Unidas, alerta Luis Fernández Fernández, director ejecutivo de Práctica Internacional en Derechos Humanos (PIH).
Asistente a las sesiones del 4 y 5 de noviembre en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Fernández forma parte de un grupo de activistas de distintas organizaciones sociales que acudieron a las sesiones públicas del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) para presenciar la revisión que hicieron 18 expertos del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), como parte del séptimo informe periódico de México ante dicho comité en su 80 periodo de sesiones.
El Comité DESC, que dará sus conclusiones el 13 de noviembre, evaluará si en los últimos ocho años México ha cumplido con el PIDESC, uno de los diez Órganos de Tratados del Sistema Universal de Derechos Humanos, que fue firmado por nuestro país en 1981, y del que ha rendido seis informes periódicos, siendo el último en marzo de 2018.
Deterioro de políticas públicas
Con información oficial, considerada en informes presentados por el PIDH, el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESOH), Práctica Laboratorio para la Democracia, Disentir, Elementa DDHH, Prevencasa, la Red Humanum y la red nacional Constituyentes, Luis Fernández sostiene que en los últimos ocho años de gobiernos de Morena se advierte un “deterioro” de las políticas públicas que no garantizan el ejercicio de los DESC.
“No hay una evolución positiva de la protección y garantía de derechos económicos, sociales y culturales, es muy claro cuando vas desagregando cada derecho (…) Lo veo, como lo vemos las personas que estamos en estas agendas, en el ejercicio cotidiano y a pesar del esfuerzo de estas administraciones de querer reflejar algo distinto, yo creo que ha habido un deterioro muy profundo de las instituciones y de las políticas públicas, y ahí es donde se han trabado mucho, porque no logran garantizar esos derechos”, explica Fernández.
Los datos oficiales disponibles considerados en los informes de las organizaciones sobre el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales en México, son reveladores:
Al cierre de 2025, 54.6% de la población económicamente activa, unos 33 millones de personas, laboraba en el sector informal; hasta 2024, el 48.2% de la población no tenía acceso a seguridad social y 34.2%, esto es 44.5 millones de personas, “carecían de acceso a servicios de salud”.
Mientras en el informe enviado por el Estado al Comité se presumió la inauguración de la Megafarmacia del Bienestar en diciembre de 2023, como una medida para garantizar el acceso a medicamentos, el desabasto se reconoce en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2040 y en el programa institucional de Birmex, de enero de 2026, mientras que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “detectó en la cuenta pública 2023 que Birmex suministró 8 mil 060 piezas caducas al ISSSTE”.
A esos datos se suma lo documentado por el Colectivo Cero Desabasto de “más de 7.5 millones de recetas no surtidas en 2023”, de las cuales 5.1 millones corresponden al IMSS; 30% de aumento en el gasto del bolsillo de los mexicanos en materia de salud; 760 reportes de falta de medicamentos psiquiátricos entre 2022 y 2023; en tanto que en 2026 se reportó un costo total de la Megafarmacia por 17 mil 635 millones de pesos, lo que significa “39% más que lo reportado en 2024”.
En materia de atención a la niñez en 2022, la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) reportaba a 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes en esas labores, de los cuales 2.1 millones estaba en ocupaciones peligrosas; el Presupuesto de Egresos de la Federación en 2025 destinó 93.7 millones de pesos para combatir el trabajo infantil, lo que significó una disminución real de 7.9% a pesar de que en 2024 hubo un subejercicio del 41.4%.
Las organizaciones alertaron sobre la desatención a los hijos e hijas de las personas desaparecidas, que hasta el 16 de junio de este año sumaban 135 mil 048 víctimas, estimándose que habría “más de 165 mil niñas, niños y adolescentes con madre o padre desaparecido, frente a sólo 2 mil 265 hijas e hijos registrados como víctimas indirectas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en 2022”.
Los informes de las organizaciones documentaron que la “participación del gasto en niñez en el presupuesto cayó de 15% en 2015 a 10.5% en 2026, con 46 programas reducidos en términos reales”.
En cuanto al derecho a la vivienda, el informe del Estado al Comité DESC aseguró que existe una Ley General par Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado, situación que “no es cierta”, pues hasta el 2 de septiembre pasado, “sólo hay iniciativas inconclusas y leyes estatales en Guerrero, Zacatecas, Chiapas, Oaxaca y Sinaloa”, pero lo que sí es cierto es que hay “más de 24.6 millones de edificaciones potencialmente irregulares”.
Programas sociales
En cuanto a los programas sociales, destaca que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para la que se destinó 451 mil 764 millones de pesos en 2024, la ASF documentó “pagos a personas fallecidas y 23 mil 043 registros con ‘baja por defunción’, cuyo beneficiario seguía activo”.
En materia de justiciabilidad, “el propio Estado reporta (al Comité DESC) que, entre 2018 y 2024, sólo 47 mil 023 de 144 mil 089 amparos en derechos sociales fueron concedidos: dos de cada tres personas no obtuvieron protección”.
Durante la audiencia los días 4 y 5 de noviembre, la representación del Estado mexicano estuvo a cargo de César Villanueva, quien es el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Frasca Méndez, embajadora de México ante la misión de Naciones Unidas y de Órganos Multilaterales, y Héctor Figueroa Palafox, director de Investigación de las Dimensiones de la Pobreza del Inegi.
“Hubo preguntas muy duras, como la que hicieron sobre la Reforma Judicial, que significó el despido de 881 jueces, que los nuevos no tienen capacidad y que se están cumpliendo uno de cada tres amparos en materia de derechos económicos, sociales y culturales”, retoma Luis Fernández.
El director de PIDH destaca que México fue duramente cuestionado también por la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que era un organismo autónomo, cuyas funciones fueron asumidas por el Inegi, que es una dependencia gubernamental, lo que implica que “claramente no hay un incentivo para evaluar con objetividad la política social, en el que tienden a sobreestimarse los positivos y a subestimarse los negativos, para pronto, son juez y parte”.
“Les preguntaron también sobre el crimen organizado y cómo afecta, pero no contesta nada el Estado mexicano ni en el informe ni en la sesión, acaban diciendo son casos atípicos, como muy localizados en municipios”, agrega el defensor.
Entre los retrocesos, Luis Fernández advierte la prevalencia de la corrupción, a pesar de que en 2019 se instauró un Programa Nacional de Combate a la Corrupción, “están los casos como el de Segalmex, como el huachicol fiscal, como otros que claramente no reportan, además de que hay broncas fuertes de los procesos de compras de salud en donde además hubo millones o mil cientos de miles de muertos en medio de la pandemia”.
El director ejecutivo de PIDH reconoce como un auténtico avance presentado por México el incremento el salario mínimo.
“Yo creo que lo del salario mínimo ha sido una maravilla y lo reportan y lo presentan como como un gran avance, y sí lo comparto, porque efectivamente te permite empujar para arriba a los deciles más bajos, al menos al decil más bajo y al segundo decil más bajo, pero también eso tiene su trampa, porque te permite para aventar para arriba un poco el nivel de ingreso, pero sólo a los trabajadores formales del sector privado”, advierte.
Entre los pendientes que México viene arrastrando desde 2018 que fue la última revisión, es la recomendación que hizo el Comité DESC sobre “avanzar en una reforma fiscal que pueda ampliar las capacidades para ejercer estos derechos, para protegerlos. Y pues no sucede y no sucede”, agrega Luis Fernández.
“Entiendo que es difícil políticamente impulsar una reforma fiscal, pero un gobierno de izquierda con esta legitimidad debería estar empujando esas reformas en lugar de la eliminación de los órganos autónomos”, sostuvo.
En espera de la información
El activista resalta que una vez que el Estado mexicano participó en la audiencia, y que miembros de organizaciones sociales también fueron escuchados por los expertos, lo que sigue es esperar que en los siguientes días el gobierno mexicano envíe la información que quedó pendiente por completar y esperar a que el 13 de noviembre el Comité DESC notifique sus recomendaciones, en las que sin duda se espera que sean tomadas en cuenta las peticiones de las organizaciones que entregaron informes alternativos.
Tras recordar que las recomendaciones del Comité “no son vinculantes”, Luis Fernández recuerda que ante ello, las organizaciones a las que representa han pedido al Comité DESC que le insista a México que firme el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
“La importancia del mecanismo es que es la última instancia después de que se agotan todas las vías legales en el país –explica Fernández–, es como si fuera una llave para poder usar ese ese pacto y que las comunidades puedan exigir derechos sociales ante Naciones Unidas”.
Por el momento, “en esos espacios no hay un lugar para víctimas, para organizaciones o para grupos que puedan llevar casos para defenderlos, como son los de desabasto de medicamentos o el tema del saneamiento de agua”.
Para el director de PIDH, la aprobación del Protocolo –que ha sido ratificado por 31 países– es perfectamente compatible con lo que dicen los gobiernos de la Cuarta Transformación que son, y que “han puesto su bandera más importante en la protección y garantía de derechos sociales, o al menos así lo presentan públicamente”.
“Si hablan todo el tiempo de que van a combatir la desigualdad, entonces que lo garanticen a través de estos mecanismos para que con ellos o sin ellos los derechos sociales tengan mecanismos de protección.
“Si el Estado mexicano garantiza estos derechos, claramente es una maravilla, es de mucho reconocimiento; si logran reducir la pobreza, si logran que más mexicanos tengamos más acceso a salud, más seguridad social es el ideal de todos, pero que si no se logra siempre todo derecho tiene que tener mecanismos de protección nacionales e internacionales que garanticen que el escrutinio va a mejorar las políticas públicas, va a mejorar la labor de gobierno”, puntualiza Luis Fernández.
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