El caso Cambridge Analytica ha vuelto a los tribunales para recordar que los datos personales no son simples registros digitales: forman parte de la identidad y la dignidad de las personas.
El fantasma de Cambridge Analytica continúa perturbando a Meta. El miércoles 21 de octubre, un tribunal de Nuevo México, Estados Unidos, impuso a la compañía dirigida por Mark Zuckerberg una multa estimada en 25 mil millones de dólares. El tribunal concluyó que Facebook había engañado sistemáticamente a sus usuarios sobre sus políticas de privacidad.
El escándalo de Cambridge Analytica (CA) registró particular notoriedad a comienzos de 2018, cuando desencadenó una de las mayores crisis de privacidad y reputación de la historia de internet.
Ese caso además transformó el debate mundial sobre el uso de datos personales al revelar que las plataformas tecnológicas y las consultoras políticas podían aprovechar esa información para influir en procesos democráticos.
Cambridge Analytica
Cambridge Analytica fue una consultora británica de análisis de datos fundada en 2013 como filial de SCL Group. La dirigía Alexander Nix y contaba con el respaldo financiero de inversores conservadores como Robert Mercer.
Su actividad combinaba grandes volúmenes de información (Big Data) con analítica predictiva para influir en el comportamiento de las personas, especialmente en el ámbito político y electoral.
Aunque se presentaba como una firma de marketing y sondeos avanzados, su modelo de negocio se apoyaba en tres actividades principales:
Creación de perfiles psicográficos: Combinaban la información extraída de redes sociales con bases de datos públicas y comerciales para construir perfiles psicológicos detallados de millones de ciudadanos (basados en el modelo de personalidad OCEAN: apertura, escrupulosidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo).
Microsegmentación publicitaria (microtargeting): Diseñaban campañas de propaganda política sumamente personalizadas. En lugar de emitir mensajes generales, creaban anuncios a medida (a menudo denominados dark posts) adaptados a los miedos, inseguridades o preferencias específicas de pequeños grupos de votantes para manipular su intención de voto, movilizarlos o desincentivar su participación.
Intervención en procesos electorales globales: La empresa operó en decenas de campañas en todo el mundo, siendo especialmente célebre —y cuestionada éticamente— por su participación en el referéndum del Brexit en el Reino Unido y en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016 que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca.
Aleksandr Kogan
En 2013, Aleksandr Kogan, científico de datos y profesor de psicología de la Universidad de Cambridge, creó “thisisyourdigitallife”, una aplicación basada en una prueba de personalidad. Se estima que 270 mil usuarios la descargaron y pagaron por completarla.
Kogan no era empleado ni ejecutivo de Cambridge Analytica. Colaboraba con la consultora de manera externa, a través de su propia empresa.
Kogan transfirió ilegalmente la información recopilada a Cambridge Analytica. En ese momento, las políticas de Facebook permitían que las aplicaciones accedieran no sólo a los datos de quienes las instalaban, sino también a los de sus amigos en la red social, sin su consentimiento explícito.
Aunque sólo cientos de miles de personas descargaron la prueba, esta recolección en cadena permitió obtener los perfiles privados de más de 87 millones de usuarios de Facebook en todo el mundo.
El escándalo estalló en marzo de 2018, a partir de las investigaciones de The New York Times y The Guardian. Las pesquisas se apoyaron en las revelaciones de Christopher Wylie, exempleado de Cambridge Analytica convertido en denunciante (whistleblower).
Wylie explicó públicamente cómo se había vulnerado la privacidad de los usuarios de Facebook y cómo sus datos se utilizaban en estrategias de “guerra psicológica” electoral.
Brittany Kaiser
Brittany Kaiser, quien se desempeñó como directora de desarrollo de negocio de Cambridge Analytica y una de las figuras clave que destapó el escándalo (ganando también popularidad por su participación en el documental El gran hackeo de Netflix), publicó su libro autobiográfico e investigativo La dictadura de los datos (Targeted en la versión en inglés).
Principales revelaciones de Brittany Kaiser
La manipulación sistemática de las democracias: En su libro desmitifica la idea de que las elecciones se deciden mediante el debate público de ideas. Kaiser expone cómo se utilizaron tácticas de guerra psicológica militar aplicadas a la población civil, diseñadas específicamente para explotar las divisiones sociales, sembrar la desinformación y polarizar a los votantes hasta alterar el equilibrio democrático.
El alcance global de la maquinaria de datos: Aunque el foco mediático siempre recayó en EU y el Brexit, Kaiser revela que la influencia de Cambridge Analytica y su matriz SCL se extendió a procesos electorales y gubernamentales en decenas de países en desarrollo (incluyendo naciones de África, Asia y América Latina), donde operaban con total impunidad debido a la absoluta falta de regulaciones locales de privacidad.
La propiedad de los datos como un derecho humano básico: Una de las tesis centrales del libro es que los ciudadanos han cedido el control de sus activos más valiosos (su identidad digital) a corporaciones tecnológicas oligopólicas. Kaiser aboga por un cambio radical en la legislación global para que los datos personales sean reconocidos como propiedad inalienable del individuo, exigiendo que las personas tengan derecho a saber quién comercia con ellos, cómo se utilizan y la potestad de borrarlos definitivamente (el derecho al olvido real).
La primera sanción federal a Facebook
La sanción impuesta por el tribunal de Nuevo México no es la primera que Facebook recibe por el caso Cambridge Analytica. En julio de 2019, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) ya había impuesto a la compañía de Mark Zuckerberg una multa federal considerable.
La compañía pagó 5 mil millones de dólares a la FTC. Aunque la cifra estableció un récord en ese momento, el gigante tecnológico pudo absorberla prácticamente como un costo operativo.
La respuesta de la empresa dirigida por Mark Zuckerberg se concentró más en controlar la crisis corporativa que en asumir plenamente sus responsabilidades.
Facebook prometió realizar auditorías y aplicó ajustes limitados a sus interfaces de desarrollo.
La importancia de la nueva multa a Facebook
Los defensores de Meta sostienen que estas multas son desproporcionadas, que el ecosistema digital es complejo y que la compañía debe proteger sus intereses jurídicos mediante recursos legales. Sin embargo, esos argumentos chocan con años de desgaste social y pérdida de confianza.
El caso Cambridge Analytica ha vuelto a los tribunales para recordar que los datos personales no son simples registros digitales: forman parte de la identidad y la dignidad de las personas.
El reto no es únicamente punitivo, sino estructural. Las multas pueden disuadir ciertas prácticas corporativas, pero no restauran por sí solas la confianza perdida ni devuelven a millones de ciudadanos la privacidad vulnerada.
Obligar a las grandes tecnológicas a pagar por su negligencia es indispensable; transformar de raíz el modelo económico que incentiva la explotación de los datos es la única forma de proteger el futuro de las democracias.
El fallo forma parte de una tendencia regulatoria más severa. En los últimos años, las sanciones impuestas a Meta a ambos lados del Atlántico han superado ampliamente los 50 mil millones de dólares.
Destacan multas impuestas a Facebook vinculadas con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, el reconocimiento biométrico sin consentimiento en Texas y acuerdos relacionados con la salud mental y la adicción juvenil en plataformas como Instagram.
La acumulación de estos castigos muestra una tendencia clara: el modelo basado en la recolección opaca de datos y la monetización sin controles suficientes de la atención humana enfrenta una presión judicial creciente.
Esperemos que éste efectivamente sea el ocaso de la impunidad digital. Las grandes tecnológicas ya no pueden ampararse en la novedad ni en la velocidad de su expansión para eludir las normas que protegen a los consumidores y regulan la responsabilidad empresarial. La sanción de 25 mil millones de dólares envía un mensaje inequívoco: la innovación no exime del cumplimiento de la ley.
Proceso