Una de las principales objeciones que se presentaron a la Reforma Educativa recién aprobada, fue la mención en el Artículo 16 Transitorio, de que “… los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por el artículo 123 apartado B”.
De manera que los opositores objetaron que el magisterio permaneciera bajo el régimen laboral creado en 1960, precisamente, para regular las relaciones entre el Estado y sus trabajadores, lo que resulta extraño:
- Primero, porque dicho apartado norma desde su origen y lasta la fecha las relaciones entre los trabajadores de la educación y el estado.
- Segundo, porque el magisterio ha permanecido desde hace lustros en una condición de excepción respecto de las prerrogativas que concede el 123 apartado B al resto de trabajadores de base, con relación a plazas laborales.
- Tercero, porque así lo plantea la nueva Reforma Educativa cuando, en el propio 16 Transitorio, agrega que en el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros “prevalecerá siempre la rectoría del Estado”.
Lo paradójico es que el gremio magisterial ha sido el primero que renunció al derecho de proponer la ocupación de vacantes y plazas de nueva creación –como lo permite el Apartado B del Artículo 123 al resto de los sindicatos burocráticos-, pero también es a quien más se critica por no hacerlo; desconcierta, además, que sea el único sector de la burocracia a quien los opinólogos condenan acremente por este tema.
Cabe preguntarse a que se procesa en los Congresos locales la aprobación de una Reforma Laboral profunda ¿Sería oportuno reformar de una vez el régimen laboral de la burocracia? ¿Hace sentido en la agenda de la 4T impulsar transparencia en la administración y el desarrollo del personal burocrático? ¿Es deseable reconocer el mérito, la ética de servicio, la productividad? ¿Es posible generar condiciones de trabajo más apreciables y dignas para todos los trabajadores al servicio del Estado, no sólo de la federación, sino también de los estados y municipios-?
Personalmente creo que se trata de una transformación indispensable, cuya demora ya carga costos para la sociedad y dificulta el desarrollo. Crea una sensación de pesadez que ya registró el presidente López Obrador respecto de un aparato público, al que se refirió como “un gran elefante” …. Y quizá lo sea.
En todo caso, el mayor de los problemas de este paquidermo institucional no es su tamaño, sino su torpeza, su falta de incentivos, su ineficacia: casi nada funciona bien en la burocracia y no sólo es la corrupción, sino falta de capacitación, falta de incentivos y la falta de aprecio a las tareas esenciales que tienen a cargo para que la sociedad funcione mejor, para que las políticas y programas sean más eficaces y construyamos relaciones de cordialidad y confianza entre los representantes del Estado y la sociedad.
Si es posible alinear las relaciones de trabajo de la burocracia nacional a las exigencias del T-MEC y a una Reforma Educativa que plantea superación meritocrática y respeto entre el Estado y el magisterio ¿Será posible también alinear ahora las relaciones entre el Estado y sus trabajadores?
Creo que sí, que debemos imaginar y avanzar en la posibilidad de reconocer y apoyar la dignidad de los servidores públicos en todos sus niveles. Especialmente entre los trabajadores de base que son, a fin de cuentas, la primera línea de contacto del Estado y los gobiernos con la población.
De hacerlo, la 4T podría ubicarse como punto de partida de una transformación necesaria y profunda en la relación entre gobernantes y gobernados.
*Rector del Centro Regional para la Investigación e Innovación Educativa de Chiapas.
FUENTE: forbes