En México, no cualquier taxi puede operar en los aeropuertos, sólamente aquellos autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como por las autoridades de la base área correspondiente; en el caso del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), sólo seis empresas son las que pueden brindar ese servicio.
El tema vuelve centro de atención luego de que el Movimiento Nacional Taxista demandó a la Secretaría de Gobernación (Segob) se realicen operativos para detener a quienes brinden el servicio de transporte en autos particulares, como las app Uber y Cabify, así como a todo aquel que no cuente con la concesión correspondiente.
Los únicos sitios de taxi autorizados en el AICM son Porto Taxi, Sitio 300, Nueva Imagen, Excelencia, Confort y Yellow Cab; “cualquier otro servicio es ilegal”, sentencia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en su página de internet.
Para obtener una concesión de esta clase, no basta contar con un permiso federal individual de la SCT, también se debe tener la autorización del aeropuerto, el cual sólo se consigue si se firma un contrato individual de acceso, si se pertenece a una agrupación de taxistas y si dicha agrupación tiene un contrato moral con el aeropuerto, detalla Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en el documento “Servicio de taxi en los aeropuertos de México”.
Tal normativa le da la facultad a los administraciones aeroportuarios de “restringir artificialmente la oferta por dos vías”, ya que además de solicitar que se tenga contrato con el aeropuerto, “uno de los requisitos en la obtención del permiso otorgado por la SCT es la opinión emitida por el aeropuerto”, explica la comisión.
Lo anterior, continúa la Confese, se presta para que los directivos de la base aérea puedan decidir con base en “criterios poco claros y transparentes si un nuevo competidor entra al mercado”, por ello insiste en que las autoridades competentes atiendan sus recomendaciones en la materia.
Sanciones contra el “monopolio”
En 2016, la Cofece emitió una recomendación para modificar “el marco regulatorio bajo el cual se presta el servicio de taxis en los aeropuertos nacionales”, además de impulsar una sanción de 63 millones 90 mil pesos al AICM por “prácticas monopólicas” al establecer “cláusulas discriminatorias” que impedían el acceso a nuevos grupos taxistas.
En noviembre de ese mismo año, el organismo también instó en eliminar “las barreras a la entrada en el servicio”, y así la SCT pueda otorgar el permiso a todo aquel que cumpla con los requisitos, sin estar sujeta a la opinión de los administradores aeroportuarios, relata la Cofece en el texto.
Con lo anterior, abunda, se omitiría el requerimiento de pertenecer a una agrupación taxista y el pago previo al servicio, lo cual propiciaría tarifas más bajas y reduciría el tiempo de espera a los usuarios, puesto que habría un mayor número de vehículos disponibles.
Contra el aprovechamiento en tarifas
Durante 2014, la Cofece inició una investigación por “prácticas monopólicas absolutas”entre agrupaciones de taxis para fijar tarifas de servicio en el aeropuerto. Para ello, dichos grupos contrataron un estudio tarifario, el cual recomendó aumentar los precios un 25%, posteriormente, lo que provocó que cuatro de ellos aumentaran “de manera ilegal” sus precios de manera coordinada.
Por ello, la autoridad regulatoria económica sancionó con 23.6 millones de pesos a cinco agrupaciones de taxistas y a cuatro personas físicas; además se dio parte a parte a las autoridades del AICM, ya que el contrato de cada agrupación prevé una rescisión si se realizan prácticas monopólicas absolutas.
Este hecho, calcula la comisión, afectó cuando menos a 12 millones de personas y al mercado, ya que dicho sobreprecio entre agosto de 2011 y diciembre de 2015 tuvo repercusiones de 772 millones de pesos, aproximadamente.
Uber agradece a Gobernación
Luego de que la Secretaría de Gobernación aclaró que no se realizarán los operativos en aeropuertos y zonas federales contra apps de transporte, Uber respaldó tal posicionamiento y se declaró abierta al diálogo.
Después de que autoridades federales descartaron la intervención de elementos de la Guardia Nacional, la empresa estadounidense expuso que el uso de la fuerza representaría una “amenaza al derecho de los usuarios de elegir la modalidad de transporte de su elección”.
Además, el servicio que se brinda a través de estas app es “entre particulares y que constituye un modelo distinto al servicio de transporte público tradicional, como lo ha resuelto ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, insistió la trasnacional a través de un comunicado.
Uber se mantiene abierta al diálogo, refirió su director general en México, quien propuso un foro nacional de movilidad para “incrementar la competencia y que impulse una mejora en la calidad de las distintas opciones de movilidad de los usuarios y habitantes de nuestras ciudades”.
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