El órgao electoral informó que ya se presentó la denuncia para con ello investigar presuntos actos de corrupción.
Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) formalizó la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) con el objetivo de que el ministerio público federal investigue posibles conductas delictivas y determine las responsabilidades correspondientes en torno a presuntas irregularidades financieras y de contratación ocurridas en el organismo público autónomo.
A través de un comunicado institucional, el órgano electoral subrayó que esta determinación responde exclusivamente a su obligación institucional de salvaguardar la legalidad, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, sin distinción de personas, cargos, responsabilidades o periodos de gestión.
«El Instituto Nacional Electoral (INE) informa que presentó formalmente denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue posibles conductas constitutivas de delito y, en su caso, determine las responsabilidades correspondientes», informó el órgano electoral.
En ese mismo sentido, el Instituto sostuvo una postura de cero tolerancia frente a cualquier conducta que pudiera comprometer la integridad de los recursos destinados al cumplimiento de sus funciones constitucionales.
¿Por qué el INE presentó una denuncia ante la FGR?
La acción legal emprendida por las consejerías del INE surge en medio de una serie de investigaciones que involucran contrataciones irregulares, presunto conflicto de interés y la operación de empresas vinculadas a la administración de la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala.
Entre los ilícitos que la FGR deberá deslindar figuran posibles conductas tipificadas como uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos. Los hallazgos iniciales apuntan a licitaciones otorgadas a proveedores presuntamente vinculados con redes de facturación irregular y adjudicaciones directas dentro de la estructura operativa del instituto.
Ante el avance de las indagatorias internas y las revisiones llevadas a cabo por el Órgano Interno de Control (OIC) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se ha registrado una ola de dimisiones en el organismo electoral que supera las 30 renuncias de mandos y personal cercano a la anterior administración directiva.
El INE aclaró que el instituto no cuenta con atribuciones constitucionales para tipificar delitos penales, por lo que corresponderá a la fiscalía encabezada por Ernestina Godoy determinar la existencia de conductas punibles e integrar la carpeta de investigación en contra de quien resulte responsable.
Asimismo, la autoridad electoral confirmó que mantendrá la máxima apertura para colaborar con las autoridades judiciales y fiscalizadoras proporcionando la documentación necesaria para el esclarecimiento de los hechos, al tiempo que garantizó la continuidad de los trabajos técnicos y del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).
ABC Noticias