El tribunal ordenó identificar los estados que recibieron advertencias del Departamento de Justicia sobre sus padrones electorales. La decisión ocurre tras una demanda de líderes demócratas que acusan al gobierno de interferir en las elecciones.
WASHINGTON (AP).- Un juez federal ordenó el jueves al gobierno de Trump que identifique todos los estados donde ha presionado a los funcionarios para que cumplan con sus esfuerzos por impedir que los ciudadanos no estadounidenses voten en las elecciones de mitad de período, investigaciones que los demócratas han impugnado como una toma de poder ilegal.
El juez presidente James Boasberg dijo que tiene la intención de dictar sentencia el lunes, víspera del día de las elecciones, sobre una solicitud de los líderes del Partido Demócrata para impedir que la administración del presidente Donald Trump intente socavar los procedimientos electorales estatales la próxima semana.
Pero el juez señaló que la administración puede «dejar sin efecto este proceso en cualquier momento» presentando una notificación en la que indique que no participará en la conducta relacionada con las elecciones que los demandantes demócratas impugnaron mediante una demanda.
Mientras tanto, el juez y los demandantes quieren saber si los funcionarios electorales de algún otro estado, además de California y Washington, han recibido cartas del Departamento de Justicia amenazándolos con un proceso penal si, a sabiendas, mantienen a personas que no son ciudadanas en sus listas estatales de registro de votantes.
Los líderes del Partido Demócrata, entre ellos el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, presentaron una demanda el 20 de octubre ante un tribunal federal de distrito para impedir que Trump interfiriera en la administración electoral de los estados. Los demandantes solicitaron al juez Boasberg una orden que prohibiera a la administración del presidente republicano eliminar a votantes legalmente registrados de las listas estatales de votantes o impedir que los estados emitieran boletas a los votantes registrados o contaran los votos.
La demanda cita las recientes acciones de la administración en California, donde el Departamento de Justicia demandó para impedir que los funcionarios electorales estatales contaran las papeletas de voto por correo emitidas por personas que el gobierno federal ha identificado como «probables» no ciudadanas hasta que se confirme su estatus migratorio. Un juez federal falló el miércoles a favor de California en el caso, una decisión que el Departamento de Justicia apeló de inmediato.
Los abogados del gobierno afirman que se han encontrado pruebas de que personas que no son ciudadanas estadounidenses han votado o votarán ilegalmente en las elecciones de mitad de mandato. Las pruebas aportadas por los estados y las propias investigaciones del Departamento de Justicia demuestran que el voto de personas no ciudadanas es extremadamente raro.
La administración afirma que las demandas de los demandantes son demasiado amplias e imprecisas y le impedirían cumplir con su deber constitucional de hacer cumplir las leyes federales.
Durante la audiencia, Boasberg expresó dudas sobre si los demandantes demócratas han demostrado tener la legitimación procesal necesaria para presentar sus demandas. El juez también señaló que las cartas de la administración no obligan a los estados a hacer nada a menos que el gobierno federal obtenga una orden judicial que los obligue a cumplirlas.
“Eso depende de ellos. Es su decisión”, dijo el abogado del Departamento de Justicia, Christian Dibblee. “Simplemente les notifica sobre una posible violación de la ley federal”.
Boasberg ordenó a la administración que entregara antes del viernes la lista de destinatarios de las cartas del Departamento de Justicia.
El abogado de los demandantes, Uzoma Nkwonta, instó al juez a detener la «campaña sin precedentes» del gobierno para interferir en las funciones de los estados en la administración de las elecciones.
“No dudo que tenga preocupaciones legítimas”, dijo el juez. “La cuestión más difícil para mí es si usted tiene legitimidad para hacerlo”.
Boasberg, nominado por el presidente demócrata Barack Obama, ha sido vilipendiado por la Casa Blanca por sus fallos en contra de la administración Trump. Trump y sus aliados pidieron el juicio político de Boasberg el año pasado después de que el juez le impidiera utilizar la Ley de Extranjeros Enemigos del siglo XVIII para deportar aviones llenos de migrantes venezolanos a El Salvador.
Los otros demandantes en la demanda son el Comité de Campaña Senatorial Demócrata, el Comité de Campaña Congresional Demócrata y la Asociación de Gobernadores Demócratas. Los demandados son Trump, el Departamento de Justicia, el Fiscal General Todd Blanche, el Departamento de Seguridad Nacional y su secretario, Markwayne Mullin.
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