Pelean familiares de exgobernador complejo millonario en San Pedro

El conflicto involucra al desarrollo inmobiliario PARC 302, ubicado en la colonia Bosques del Valle, un proyecto de lujo valuado en más de mil millones de pesos y cuyos departamentos alcanzarían precios superiores a los 100 millones de pesos.

San Pedro.- La construcción de un desarrollo habitacional en un terreno familiar en San Pedro desató una disputa entre hijos y una nieta del ex gobernador de Nuevo León, Alfonso Martínez Domínguez, por el presunto despojo de una propiedad, que ahora es investigado por la Fiscalía estatal.

El conflicto involucra al desarrollo inmobiliario PARC 302, ubicado en la colonia Bosques del Valle, un proyecto de lujo valuado en más de mil millones de pesos y cuyos departamentos alcanzarían precios superiores a los 100 millones de pesos.

Acuden al inmueble en San Pedro a entregar citatorios

El martes, agentes del Ministerio Público acudieron al inmueble para entregar citatorios de comparecencia a los responsables del desarrollo, como parte de una carpeta de investigación por presuntos delitos de despojo de inmueble, fraude y falsificación de documentos.

ABC Noticias tuvo acceso a la denuncia presentada por Yoana Elena Martínez Garza, quien señala como presuntos responsables a Patricio Alfonso Martínez Valdés y Maya Daniela Martínez Valdés, además del notario público número 12, Mauricio Jorge Menéndez Vargas, y Elizabeth Treviño Ayala, segunda registradora pública de la Propiedad del Primer Distrito.

Los citatorios entregados este martes por agentes ministeriales convocaron a los señalados a comparecer ante la Fiscalía a las 13:00 horas de este jueves 19 de noviembre.Hasta el momento, se desconoce si acudieron a la cita o cuál fue el resultado de la diligencia. Javier Náñez Pro, abogado de Martínez Garza, explicó que el conflicto tiene origen familiar y se relaciona con un terreno que antes de fusionarse con otros predios para desarrollar el proyecto, estaba hipotecado a favor de su representada.

“Es un proyecto muy grande, de más de mil millones de pesos… Son departamentos del máximo lujo en San Pedro Garza García, pero se hacen con este impedimento: existía uno de los terrenos, antes de que se fusionaran y subdividieran, que estaba hipotecado en favor de la víctima que estamos representando”, señaló.

El abogado sostuvo que, pese a la hipoteca, los responsables celebraron un convenio ante notario en el que declararon que el terreno no tenía gravámenes y posteriormente, se habría solicitado al Registro Público de la Propiedad cancelar la garantía.

Náñez Pro cuestionó la legalidad de ese procedimiento y señaló que existe un juicio federal de amparo, iniciado hace más de cuatro años, en el que se analiza si la cancelación de la hipoteca se realizó conforme a derecho.

“Un mes después de decir que no había hipoteca ante el notario, se acude al registro público y en el registro público dicen: ‘Oye, siempre hipoteca, quítala’. Esa cancelación de hipoteca es otro de los asuntos cuya legalidad es bastante sospechosa”, afirmó.

Hasta el momento, se desconoce si acudieron a la cita o cuál fue el resultado de la diligencia. Javier Náñez Pro, abogado de Martínez Garza, explicó que el conflicto tiene origen familiar y se relaciona con un terreno que antes de fusionarse con otros predios para desarrollar el proyecto, estaba hipotecado a favor de su representada.

“Es un proyecto muy grande, de más de mil millones de pesos… Son departamentos del máximo lujo en San Pedro Garza García, pero se hacen con este impedimento: existía uno de los terrenos, antes de que se fusionaran y subdividieran, que estaba hipotecado en favor de la víctima que estamos representando”, señaló.

El abogado sostuvo que, pese a la hipoteca, los responsables celebraron un convenio ante notario en el que declararon que el terreno no tenía gravámenes y posteriormente, se habría solicitado al Registro Público de la Propiedad cancelar la garantía.

Náñez Pro cuestionó la legalidad de ese procedimiento y señaló que existe un juicio federal de amparo, iniciado hace más de cuatro años, en el que se analiza si la cancelación de la hipoteca se realizó conforme a derecho.

“Un mes después de decir que no había hipoteca ante el notario, se acude al registro público y en el registro público dicen: ‘Oye, siempre hipoteca, quítala’. Esa cancelación de hipoteca es otro de los asuntos cuya legalidad es bastante sospechosa”, afirmó.

ABC Noticias