De nuevo el espionaje telefónica en contra de Alejandro Gertz Manero. Ayer se revelaron audios de una negociación telefónica entre el titular del la FGR con Emilio Lozoya Thalmann, padre de Emilio Lozoya Austin.
Pinchar el teléfono sin mandato judicial es un delito grave con penas de hasta 12 años de prisión contra los implicados. Y que lo hagan contra el propio Fiscal General de la República ya rebasa el colmo del cinismo.
En México se han contratado empresas de espionaje de todo pelambre, pero el caso más paradigmático fue el de Pegasus, creado por la empresa israelí NSO Technologies, fundada en 2010.
Millones de pesos se gastó el régimen anterior para que este tipo de programas (que técnicamente se conocen como malware), vigilara a figuras públicas, yuy probablemente a ministros de Justicia, gobernadores, magistrados, alcaldes, lideres opositores, empresarios, jueces, periodistas, activistas, etcétera.
¿Por qué hasta ahora, nadie ha sido citado a declarar sobre este caso por la FGR? ¿El actual régimen suspendió esa mala práctica? Por lo visto no. Sigue abierta la veda. Es guerra sucia. Se trata de espiar y al mismo tiempo, de intimidar a los adversarios, así estén al interior del propio gobierno.
Al margen de que a uno le caiga bien o mal Gertz Manero (y a mí me cae mal) el espionaje, la intervención de líneas telefónicas, deja comprometida a nuestra frágil democracia. Si sólo los gobiernos de un país pueden comprar estos sistemas de espionaje (porque sólo a ellos se les vende, supuestamente) como el de Pegasus, o en el caso de Gertz Manero, el sistema CISCO, es previsible que se abra una carpeta de investigación sobre el caso.
Pero también es obligado que el Presidente López Obrador ejecute una depuración inmediata de los miembros del cuerpos de seguridad de su gobierno, que eventualmente estén participando en este tipo de prácticas ilegales.
¿Cómo opera este programa malware? No solo grabando cada una de tus llamadas, incluyendo WhatsApp y Telegram, sino usando tu celular como micrófono para captar tu propia voz y con quien hablas, en vivo o vía telefónica. El programa puede grabarte a ti y a miles de personas simultáneamente.
Es evidente que en México no estamos haciendo nada, ni metiendo presión contra el espionaje ilegal. ¿Alguien lo duda? ¿Y por qué nadie lo denuncia?
Nos escandalizamos (y con toda razón) por las grabaciones de Alejandro Moreno, “Alito”, el dirigente nacional del PRI; nos indignamos por lo que externó, pero no por el simple hecho de que el priista fue espiado impunemente. Y que la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, haya filtrado estas grabaciones, sin que nadie la cite a cuentas.
¿Quién es aquí la víctima? ¿A quién se le han conculcado sus derechos fundamentales de libre comunicación privada que señala el artículo 16 constitucional?
¿Y el crimen organizado? ¿No tiene acceso a este material informático? Desde luego que sí. Hablamos entonces del Estado profundo: un gobierno ilegítimo que se empalma con el gobierno legítimo, que renuncia a su propia legalidad. Grave situación. Se deja en entredicho el Estado de Derecho. Se pone en riesgo la gobernabilidad. Mal venido a México el Estado profundo.