La impugnación del órgano electoral va dirigida a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, las cuales forman parte del primer paquete del Plan B
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, Alberto Pérez Dayán, admitió a trámite la controversia constitucional contra el primer paquete de reformas del Plan B electoral, promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE).
La impugnación del órgano electoral va dirigida a las leyes generales de Comunicación Social (LGCS) y de Responsabilidades Administrativas, las cuales se suman a los cinco recursos de inconstitucionalidad presentados el mes pasado por los partidos políticos de oposición.
En cuanto al INE, este argumentó una posible violación a sus facultades legales, establecidas en la Constitución.
“Producen una violación directa a las funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere el texto constitucional, esto es, que el Decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”, señaló el INE, según se lee en el acuerdo de admisión a trámite por parte del máximo tribunal.
El ministro Alberto Pérez Dayán. (Foto: Cuartoscuro)
Además del recurso presentado por el INE, la Corte también admitió a trámite la controversia constitucional en contra de la reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, presentada por el municipio de Chihuahua, no obstante, Pérez Dayán resolvió no otorgar la suspensión provisional que el ayuntamiento solicitó.
Cabe recordar que en el paquete de impugnaciones presentadas el mes pasado por el bloque opositor, la Suprema Corte deició suispender de manera provisional la aplicación de las reformas ya citadas en el Estado de México y coahuila, pues en estas entidades ya se encuentran en marcha procesos electorales.
Con los cambios del Plan B a la Ley General de Comunicación Social permiten a servidores públicos se manifiesten de manera pública (promoción de sus logros) “en uso de su libertad de expresión” y en el ejercicio de sus labores sin que sus pronunciamientos sean considerados propaganda gubernamental.
Es decir, la promoción e información sobre funcionarios, programas, obras y otras acciones relevantes para la población no es considerada “propaganda”, sino una “campaña de comunicación social”. La crítica de la oposición es que con estos cambios, los gobiernos al mando de morena podrán hacer campaña de manera abierta para favorecer a su partido aún en periodos electorales.
AMLO publica la segunda parte del Plan B electoral
El presidente Andrés Manuel López Obrador AMLO criticó a las personas que acidieron a la marcha del 26 de febrero para manifestar su rechazo a la reforma electoral (Héctor Vivas/Getty Images)
Luego de que el Congreso aprobó desde el miércoles 22 de febrero el segundo paquete de reformas en materia electoral que conforman al Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, el propio titular del Ejectuvivo informó que este 1 de marzo, o el jueves 2, será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Al ser cuestionado sobre las razones que han retrasado la promulgación de esta reforma, el presidente aclaró en su conferencia en Palacio Nacional: “Me informó el secretario de Gobernación que hoy por la tarde, a más tardar mañana, ya se publica la reforma electoral”
En cuanto a la postura del gobierno federal debido a que la Corte dio entrada a los recursos de impugnación presentados pro partidos políticos en contra del Plan B, el pasado 27 de febrero la Consejería Jurídica criticó la decisión del máximo tribunal.
Mediante un comunicado, el Gobierno federal solicitó a la Suprema Corte que revoque la suspensión otorgada por el ministro Alberto Pérez Dayán contra el Plan B de Reforma Electoral en los estados de Coahuila y el Estado de México.
La medida dictada por Pérez Dayán implica que las modificaciones contempladas por el Plan B a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas no sean aplicables para los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila.
Info BAE