La Suprema Corte rechazó este martes modificar la pregunta que se realizará a la población en la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, y quedará como originalmente la redactó el Congreso de la Unión.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este martes la pregunta de la consulta de revocación de mandato presidencial, misma que se realizará el próximo 10 de abril.
A pesar de que una mayoría de siete ministros apoyaron el proyecto presentado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledopara declarar la invalidez e inconstitucionalidad de la pregunta planteada en la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM) para evitar que se manipule y confunda con una “ratificación”, no se alcanzaron los ochos votos mínimos requerido para declarar la invalidez de dicha pregunta.
Los siete ministros que avalaron el proyecto fueron:
- Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
- Luis María Aguilar Morales
- Jorge Mario Pardo
- Norma Lucia Piña
- Javier Laynez Potisek
- Alberto Pérez Dayán
- Margarita Ríos Farjat
Votaron por declarar la validez de la pregunta: Loretta Ortiz Ahlf; Juan Luis González Alcántara Carrancá y Yasmín Esquivel Mosaa (que fueron elegidos en el cargo por el Senado a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador), y el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN.
El proyecto del ministro Pardo buscaba acotar la pregunta de la siguiente manera:
“¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza?”.
Sin embargo, al no alcanzar los ocho votos requeridos, la preguntará será la que se especifica en la LFRM:
“¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.
El voto del ministro Zaldívar Lelo de Larrea fue determinante para que no se alcanzaran los ochos votos mínimos requeridos para modificar la pregunta de la consulta.
El 14 de octubre del año pasado, 200 diputados de la coalición Va por México presentaron ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Revocación de Mandato al considerar que la pregunta ampliaba “indebidamente” a la ratificación presidencial.
En el debate en el pleno de la SCJN, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat razonó que recientemente se realizó una consulta de revocación de mandato para el gobernador de California Estado Unidos, “pero en ningún caso se le preguntó al ciudadano si deseaba la permanencia en el cargo del Gobernador. El cargo ya estaba ocupado por el Gobernador, la cuestión a dilucidar era si debía ser removido y quién estaría en su lugar”. Por ello, la ministra consideró pertinente la acotación de la pregunta.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa estimó que no existe disposición legal ni constitucional para redactar la pregunta ni de la Suprema Corte para modificar la pregunta, “por lo que basta que sea clara y produzca certeza para considerarla válida”.
El ministro Javier Laynez Potisek, que votó en favor de acotar la pregunta, pidió confiar en la ciudadanía en que comprenderán el alcance de la consulta de revocación de mandato al Presidente de la República por pérdida de confianza como establece la Constitución.
Sin embargo, consideró: “la cuestión es que desde el momento en que coloca en la boleta la continuidad (…) esto desvirtúa la figura y se aparta de lo que el régimen constitucional nos ha previsto”.
El ministro Arturo Zaldívar estimó inconveniente que la Suprema Corte cambie la pregunta de la consulta de revocación cuando ya comenzó el proceso de solicitar el ejercicio. Se pronunció por avalar la pregunta porque a su juicio, “simplemente explicita las dos consecuencias posibles de un procedimiento de revocación de mandato. Si se vota en contra de la revocación de mandato, la consecuencia es que continúe el presidente hasta terminar su periodo. No entiendo en qué se desnaturaliza esto. Nada. No se convierte en un proceso de ratificación ni mucho menos de ampliación de mandato”.
El Economista