Poder Judicial en la mira
“Todo hombre que tiene el poder se inclina a abusar del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este, hace falta disponer las cosas de tal forma que el poder detenga al poder”, así lo afirmó el Barón de Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes, tratado de teoría política publicado en 1748; en él se desarrollan las ideas de John Locke acerca de la división de poderes, concibiéndola como el modelo idóneo en contra del despotismo.
Ya desde la antigüedad clásica se hacía presente el concepto de un gobierno dividido en varios órganos limitados entre sí. Lo mismo en las teorías de Heródoto que en los pensamientos de Platón o de Aristóteles; incluso, el historiador Polibio concluyó que el secreto del poderío de Roma se encontraba en su forma mixta de gobierno; atendiendo la potestad de los cónsules, parecía una monarquía; a la autoridad del senado, semejaba un régimen aristocrático y en atención al poder del pueblo, se acercaba a una democracia.
Si bien, en la actualidad nadie cuestiona que el principio de división de poderes es un elemento fundamental en las constituciones modernas, este debe ser complementado con un efectivo mecanismo de controles y contrapesos que tiendan a generar equilibrio entre ellos; sin embargo, en nuestro sistema, las facultades constitucionales y metaconstitucionales que asume el Ejecutivo, colocan a este en una posición privilegiada frente al resto de los poderes constituidos.
Para nadie es un secreto que, en este juego tríadico, el Poder Judicial de la Federación se ha colocado en la mira del Ejecutivo. La animadversión del Presidente hacia al órgano encargado de impartir justicia en el orden federal, se ha hecho manifiesta en muchas y diversas formas. Mientras ministros, magistrados y jueces reciben, un día sí y el otro también, los embates recetados desde el estrado mañanero, las huestes del régimen ya preparan las herramientas para la ejecución, vía estrangulamiento presupuestal, del Poder Judicial.
Vámonos por partes. México cuenta apenas con cinco personas juzgadoras por cada cien mil habitantes, en tanto que el estándar internacional es de 65 y el promedio en Latinoamérica es de 18. Ahora bien, se espera que para 2024 una de cada 100 personas tendrá un conflicto que dirimir ante el Poder Judicial federal, lo cual representa un incremento de 1.3 millones de casos que deberán ser atendidos por este órgano. Si a eso sumamos las nuevas responsabilidades relativas a la justicia laboral y a las que derivan de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como la andanada de asuntos que recibirá el Tribunal Electoral con motivo de las elecciones del próximo año, es obvio que el Poder Judicial requiere cada vez más recursos para garantizar su operatividad.
Al respecto, se preguntará mi amable y única lectora; ¿gasta mucho el Poder Judicial de la Federación? La respuesta le sorprenderá; mire usted, la partida solicitada por el órgano de marras para el año 2024 (ya con aumento anual incluido) representa apenas el 0.9 por ciento del gasto neto total del Presupuesto de Egresos de la Federación; pese a ello, la fracción parlamentaria de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados no solo desaprobarán tan solicitud, sino que se preparan para reducir entre 15 mil y 25 mil millones el presupuesto del referido poder, lo que – según expertos – originaría que entre 60 y 70 por ciento de los órganos jurisdiccionales quedaría imposibilitados para atender sus obligaciones constitucionales. Como si lo anterior fuera poco, Ignacio Mier, coordinador del Grupo Parlamentario del mencionado partido, presentó una iniciativa para eliminar la mayoría de los fondos y fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, mismos que suman 20 mil millones de pesos; ello, con el propósito de que tal monto pase de inmediato al control del Ejecutivo y pueda ser destinado para programas sociales y obras de infraestructura.
Aquí en confianza, para los analistas (no se requiere serlo), el inminente recorte presupuestal representa una venganza política del mandatario nacional en contra del Poder Judicial de la Federación, ya que este último no se ha alineado ciegamente a los designios presidenciales; lo que poco se analiza es el impacto que la referida vendetta causará en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia consagrado a favor de las y los mexicanos. Surge entonces la pregunta: ¿La construcción de un Estado democrático de derecho en el que se privilegie el respeto a la división de poderes, alguna vez fue un verdadero propósito o solo fue un discurso para ganar simpatías y votos? Ahí se los dejo para la reflexión.
Nota. Lo antes expuesto representa la opinión personal del autor